ESCUCHAREl juez federal Sebastián Casanello procesó al titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por la administración fraudulenta del dinero entregado por el Estado a través del programa Potenciar Trabajo. Además, lo embargo por $390 millones.
La investigación estableció que los fondos fueron desviados. “Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado.
El procesamiento por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública alcanzó también a Mariano Centanni, Erica Lubenfeld, Iván Ortíz,Ezequiel Coego, María Isolda Dotti y Gianna Puppo.
Dotti y Puppo también quedaron incriminadas por amenazas coactivas, el mismo delito que fgura en los procesamientos de Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia.
En tanto, Elizabeth Palma, Dina Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Candotti y Roberto Albornoz fueron procesados por Casanello como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
“Se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (políticopartidaria). En ese marco, el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”, estableció el juez.
“No sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”, agregó.
“Los chats grupales aportados por los denunciantes, el contenido de la extracción de los celulares de los imputados y la documentación secuestrada revelaron que las prácticas que los encargados de los comedores les exigieron a los beneficiaron del plan no tenían que ver con el objetivo de la política pública”, indicó además Casanello.
