ESCUCHARLa defensa del ex comisario Rafael Sosa, el principal acusado en el marco del juicio denominado “Narcoescándalo”, negó ayer la existencia de una asociación ilícita y consideró que el caso fue una puesta en escena con “fines políticos, de dinero y cargos”.
En la segunda jornada de alegatos, Gustavo Franco , abogado del ex titular de la División Drogas Peligrosas de la Policía provincial, atribuyó el caso a un plan “maquiaválequico” contra el Gobierno provincial -encabezado en aquel entonces por José Manuel de la Sota- para perjudicarlo en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2013.
Franco apuntó contra el testimonio del agente encubierto Juan Viarnes, sostuvo que sus declaraciones fueron falsas y se incorporaron de manera irregular a la causa como supuesto “arrepentido sin la presencia de su abogado”.
Asimismo, definió a Viarnes como “mitómano estafador y agente inorgánico de los servicios de Inteligencia”. Franco reconoció que Sosa conoció a Viarnes “pero en ningún momento hubo pruebas que lo vinculen en una asociación ilícita”.
Explicó que Sosa y Viarnes se conocieron en 2012 y que la acusación de un pacto es por hechos de 2010 y 2011. “No puede haber acuerdo de personas que no se conocían”, dijo Franco. En otro tramo de su alegato, Franco sostuvo que Viarnes “tenía relaciones innegables” con el secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni, quien vino varias veces a Córdoba “para perjudicar” al gobierno de De la Sota.
