ESCUCHARDurante su última sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aprobó una ley para reorganizar la administración de la Justicia porteña.
A tal fin, modificó las cartas orgánicas del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, para coordinar y unificar criterios en materia de organización administrativa, presupuestaria y de gestión.
Los cambios fueron propuestos por la Jefatura de Gobierno y contaron con el despacho de la Comisión de Justicia del Legislativo.
Así, la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial fue sustituida por la Secretaría de Administración General y Presupuesto, que pasará a ejercer algunas de las funciones administrativas que le competen a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.
También se estableció que las competencias y facultades de administración del Ministerio Público, en su conjunto, serán ejercidas por esa nueva secretaría, la que presidirá la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del Ministerio Público, que se constituyó en lugar de la actual Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.
Cabe recordar que la Constitución de la CABA le atribuye al Consejo de la Magistratura la función de proyectar y administrar el presupuesto que la ley le asigne al Poder Judicial.
El Ministerio Público -también por mandato constitucional- tiene autonomía funcional y autarquía dentro del Poder Judicial y se divide en tres organismos: Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y Asesoría Tutelar.
Los fundamentos de la medida son el “fortalecimiento de la gestión judicial y una administración austera de los recursos” .
También hacen hincapié en la necesidad de generar procesos más ágiles y transparentes propendiendo a la unificación presupuestaria y a la implementación de sistemas informatizados .
