ESCUCHARLa provincia de Buenos Aires se adhirió al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, que contempla los casos en los cuales la práctica debe garantizarse en los hospitales públicos.
Mediante la resolución 2095/2016, se sumó a las otras jurisdicciones (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego) que aplican los lineamientos del fallo F.A.L, de la Corte Suprema.
En el año 2015, el Máximo Tribunal estableció que no se deben exigir autorizaciones judiciales cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación.
Polémica
En Córdoba, el protocolo sólo se aplica en los hospitales que dependen de la Nación. En tanto, se aguarda un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la causa que la asociación civil Portal de Belén, encabezada por el legislador por Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, inició contra el Gobierno provincial, por el “Protocolo de abortos no punibles”.
La institución planteó la inconstitucionalidad del instructivo elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia, que está suspendido por orden judicial desde 2012.
Cabe recordar que en 2010, cuando el Ministerio de Salud de la Nación dictó la norma a la que se adhirió Buenos Aires, hubo polémica.
El documento fue actualizada en el 2012, luego del fallo de la Corte que confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Chubut, que autorizó a una joven de 15 años, víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, a interrumpir su embarazo.
En abril de ese año, Córdoba elaboró la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”. La asociación católica presentó una acción de amparo y el juez en lo Civil Federico Ossola la admitió. La medida fue ratificada por la Alzada, que valoró que el protocolo cordobés vulnera los derechos de los menores por nacer, protegidos por la Carta Magna, por la Convención de los Derechos del Niños y por la Constitución de Córdoba.
Así, el caso llegó ante el Alto Cuerpo, que lleva tres años analizándolo.
A fines de mayo, se cerró la convocatoria a los “amigos del tribunal” y hay unas 60 presentaciones de particulares y entidades que buscan que su opinión sea escuchada.
Casación
Con su llamado, el tribunal busca garantizar el equilibrio entre la participación ciudadana y el debido proceso, por la naturaleza de la materia. Si bien los puntos de vista de los “amigos del tribunal” no son vinculantes, le servirán para resolver la casación planteada por los letrados del Gobierno provincial en contra del fallo de Cámara.
Entre los pedidos que se formalizaron figuran escritos de particulares, de fundaciones y de organizaciones (locales y de otras provincias) y se está analizando si cumplen con los requisitos; es decir, si el aspirante tiene “reconocida competencia sobre la cuestión debatida” y si fundamentó correctamente su interés en el resultado de la controversia.
