ESCUCHAREl Gobierno mexicano sigue adelante con su estrategia de militarización y busca consolidarla.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de Marina (Semar) controlará el funcionamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM).
“La Marina ya está a cargo”, dijo el mandatario en su conferencia diaria de prensa.
“Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto lo controlaba el narcotráfico”, sumó.
Los soldados de la Marina ya estaban en el aeropuerto. En febrero de 2022, el gobierno desplegó a 1.500 militares allí, pero hasta ahora el funcionamiento y la gestión del lugar estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Con la nueva medida, la Semar tomara el control del aeropuerto con más tráfico aéreo del país (más de 46 millones de personas, en 2022).
Vía decreto, el gobierno estableció que en los próximos 60 días la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe transferir el mando.
Durante la Administración de López Obrador, soldados pasaron a labores civiles, incluso en obras, como el macroproyecto del Tren Maya.
La pasada Semana Santa, más de ocho mil miembros de la Guardia Nacional (GN), la Marina y el Ejército fueron desplegados entre las principales zonas turísticas, a raíz de cerca de ocho asesinatos en dos de los principales destinos turísticos: Acapulco y Cancún.
Hace un año, según la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), México era el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, después de Birmania.
El grupo ya había cursado advertencias sobre las actitudes hostiles del presidente López Obrador contra la prensa y le pidió nuevamente al gobierno que encabeza proteja a los periodistas.
Lo hizo por medio de la publicación de un comunicado a página completa de la edición impresa del diario The Washington Post. “La lista de víctimas de la violencia contra la prensa en México continúa creciendo”, afirmó el grupo, que también indicó que a seis meses de su inicio, 2022 se convirtió en el año “más mortífero” registrado para los trabajadores de medios en México, con 12 muertos hasta ese momento.
Impunidad
RSF apuntó a la impunidad como uno de los factores que pone en jaque a la práctica periodística y subrayó que impera en 90% de los casos. “El gobierno mexicano debe condenar la violencia contra los periodistas y reforzar la protección hacia la prensa”, ponderó.
El discurso del oficialismo mexicano habla de una merma de homicidios y secuestros, pero un informe de Human Rights Watch (HRW) de enero pasado consignó que los delitos violentos llegaron a “picos históricos” durante la gestión del morenista.
Además, indicó que los niveles de impunidad se mantienen altos, con apenas uno por ciento de los casos resueltos.
HRW aclaró que aunque las autoridades suelen atribuirle el flagelo a acciones de cárteles delictivos, la mayoría de los ilícitos no se investigan y no se identifica ni se enjuicia a los responsables.
Desde que asumió la presidencia, a finales de 2018, López Obrador presenta informes oficiales que reportan caídas importantes en los crímenes; en especial, contra la vida.
Con base en ello, el mandatario pregona el éxito de su política de “abrazos y no balazos”.
En octubre de 2022 se publicó el decreto que amplió la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.
Los debates sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública están a la orden del día y el tema tensa los vínculos entre los partidos de oposición.
Sin embargo, la aprobación ciudadana se extiende a las numerosas concesiones que López Obrador hizo a las Fuerzas Armadas, como la gestión de aduanas y aeropuertos.
La salida de los militares de los cuarteles fue iniciada en 2006 por el presidente panista Felipe Calderón inaugurando la llamada “guerra contra el narco”.
Durante sus años en la oposición, López Obrador fue uno de los mayores críticos de la estrategia, pero cambió de opinión tras llegar a la presidencia y fue el primer mandatario que la blindó con una ley.
Críticos
En 2019 aprobó una reforma constitucional que consolidaba la presencia de los militares patrullando las calles hasta 2024, el final de su mandato.
Sobre el final del año pasado, el subsecretario de Seguridad mexicano Ricardo Mejía Berdeja afirmó que los asesinatos están a la baja, con “una disminución muy relevante” en noviembre, el mes, dijo, “con menos homicidios dolosos en los últimos seis años”.
No obstante, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) muestran que el país sigue estancado en altos niveles de violencia.
El informe de HRW de enero denunció que las políticas de seguridad del gobierno no sólo no lograron frenarla sino que también pueden incurrir en graves violaciones de los derechos humanos.
“Policías, fiscales y soldados utilizan habitualmente la tortura para obtener confesiones y cometen otros abusos contra personas señaladas por delitos. El sistema de justicia no asegura las garantías de debido proceso”, alertó el organismo, que critica la constante militarización de la seguridad.
“Es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señaló que policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38% manifestó haberlo hecho solo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado”, expuso HRW.
También recordó que las estadísticas suman un alto número de desaparecidos.
“Casi 90 mil han desaparecido desde el comienzo de la ‘guerra’ contra el crimen organizado en 2006. Más de 36 mil personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia”, advirtió HRW.
La ONG reiteró que activistas y periodistas son masacrados y recordó que México es uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos y periodistas; especialmente, para los que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos.
Artículo 19, una organización que vela por la seguridad de los periodistas, registró en la primera mitad de 2022 al menos 331 amenazas, ataques y otras formas de agresión y sostuvo que por ello muchos se autocensuran. Según HRW, las autoridades no investigan adecuadamente esos delitos.
La militarización de diversas esferas de la vida pública mexicana es denunciada por colectivos sociales, organizaciones de la sociedad civil, analistas expertos en seguridad y preocupa a un sector de la población que ve con temor que los militares acumulen poder en un país con un pasado de guerra sucia y represión.
Otros ven la táctica con esperanza, ante la grave crisis de inseguridad y violencia.
