ESCUCHAREl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien deja su cargo en dos semanas, se prepara para promulgar la reforma constitucional que impulsó su partido, Morena, que reestructuró radicalmente el Poder Judicial al establecer que los magistrados –incluidos los de la Suprema Corte- serán elegidos por voto popular.
Se prevé que la promulgación se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el domingo 15 de septiembre, coincidiendo con la fiesta de la independencia del país.
El trámite parlamentario terminó la madrugada del pasado miércoles. En el Senado, el oficialismo consiguió el único voto que le faltaba gracias a un legislador de la oposición y después de un complejo debate, que incluyó la irrupción de manifestantes, el cambio de sede de la sesión y acusaciones por sobornos.
El senador que cambió su voto, Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido de Acción Nacional (PAN), fue expulsado junto con su padre -el suplente en la Cámara Alta y ex gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez- y a la diputada Natividad Díaz, quien también apoyó la iniciativa, por “traición”.
El PAN anunció que impugnará la reforma ante la Suprema Corte mexicana. Entre otras cosas, alega la nueva ley viola tratados internacionales y que el proceso parlamentario fue antidemocrático.
El 4 de septiembre, en minutos, las bancadas de Morena y sus aliados en Diputados le dieron luz verde a la propuesta y el miércoles 11 el Senado la refrendó.
Agosto
En agosto, el dictamen de la reforma generó un paro total de actividades de la Justicia federal. Fue motorizada por empleados y luego se sumaron cerca de 1.500 jueces.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió una declaración formal en X en la cual pidió que se planearan modificaciones idóneas para “enfrentar las causas estructurales que debilitan la calidad de la Justicia”. Además, reclamó la puesta en marcha de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso.
OEA
En paralelo, organizaciones del Judicial mexicano, incluida la JUFED, emitieron un comunicado en conjunto para informar que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y que denunciaron que el proyecto que elaboró López Obrador e impulsó Morena generó interferencias arbitrarias a la independencia y autonomía de la Justicia.
Las medidas reflejaron las tensiones en torno a la iniciativa de López Obrador, quien defendió el plan argumentando que su fin es librar al Judicial de “la corrupción y de los privilegios”.
Entre otras advertencias, los críticos alertaron que el cambio podría derivar en que personas con mínima experiencia jurídica pero con respaldo proselitista ocupen cargos, ya que avasalla la carrera judicial.
En la previa del paro, la titular de JUFED, Juana Fuentes, afirmó que el presidente “enloqueció”. “Si pasa esta reforma vamos a generar un régimen de un poder absoluto y concentrado en una sola persona”, alertó.
Sistema
El sistema mexicano tiene muchos problemas sistémicos -sobre todo, la morosidad y los elevados niveles de impunidad-, y los críticos sostienen que la revisión López Obrador podría empeorarlos al politizar a vastos sectores.
Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México, estimó que la propuesta del mandatario es “una venganza” y un intento de controlar políticamente a la Justicia.
Claudia Sheinbaum
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó a López Obrador. Cuando comenzó el paro, dijo que con el cambio normativo se busca que haya “un verdadero sistema de justicia” y valoró que el voto popular le dará “más autonomía”.
Hace horas, la JUFED acordó prorrogar su paro. En un comunicado, reiteró su rechazo a la reforma y “su convicción de recurrir a los mecanismos de defensa legal que estime necesarios”.
Constitucionalista
En declaraciones a Diario Perfil, el constitucionalista argentino Roberto Gargarella dijo que la reforma es de “gravedad extraordinaria” porque los cambios buscan “terminar con cualquier posibilidad de independencia judicial”.
El académico sostuvo que algunos jueces van a ser “filtrados por el poder político de turno” y aseguró que la medida tiene un “propósito antidemocrático” y que es inconstitucional o anticonvencional. “Para el ciudadano común, esa trampa lo pone en un lugar mucho peor”, sentenció.
Sumó que la cuestión de la elección tiene como contracara “algo muy serio”, a saber: que todos magistrados dejan su cargo. “Esto empieza con una limpieza de los jueces que estaban molestando al presidente; particularmente, de la Suprema Corte”, detalló.
“Dentro de las disidencias que hay en la academia y en la jurisprudencia, hay un acuerdo creciente, en el que aún participan jueces y académicos argentinos, y es que los poderes judiciales tienen que ser lo más diferentes y respetuosos posibles frente a las decisiones sustantivas que toma la política”, agregó.
“Hay dos aditamentos que hacen que esto se convierta en un horror. Uno son los comités de selección, y el otro los tribunales de disciplina. Ambos son mecanismos destinados a terminar con cualquier posibilidad de independencia judicial. Ambas cosas son aterradoras, pero, particularmente, la presencia de los tribunales de disciplina implica que funcionarios que no se sabe bien cómo van a ser designados van a poder investigar, sancionar y remover a los jueces que, según su entender, actúen en contra de los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia”, afirmó además Gargarella.
