ESCUCHAREl tribunal planteó que las conclusiones sobre la reunión filmada son “difusas y debatibles”. Advirtió que el encuentro “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de perseguir a líderes sindicales, como se estableció inicialmente
La Cámara Federal porteña anuló todos los procesamientos dictados en la causa conocida como “mesa judicial bonaerense” o “Gestapo sindical”.
Planteó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba y que las conclusiones sobre la reunión filmada son “difusas y debatibles”.
En ese sentido, advirtió que el encuentro registrado “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de perseguir políticamente a líderes sindicales, como se estableció inicialmente.
“Se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa, no solo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso,” sostuvieron Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Para los magistrados, los procesamientos iniciales soslayaron las denuncias contra el accionar de los dirigentes de la UOCRA Seccional La Plata.
A su juicio, ellas con, cuanto menos, “demostrativas de que la situación existente al momento de los hechos investigados superaba los estándares de un mero conflicto gremial” y que “podría haber presentado notas de ilegalidad”.
Concluyeron que ello “pone en crisis” la afirmación sobre la presunta persecución y que no se demostró un caso de inteligencia ilegal.
Ernesto Kreplak
Los camaristas señalaron que el juez instructor Ernesto Kreplak tuvo por corroborada su hipótesis delictiva a partir de la formulación de aquellas denuncias, que dieron lugar a la formación de 11 causas en contra de Juan Pablo “Pata” Medina y su agrupación gremial.
Aclararon que “analizó en profundidad solo siete”, omitiendo las restantes, que “podrían guardar relación con reclamos genuinos de otros intervinientes”.
Sobre la conducta procesal del magistrado, estimaron que reveló una “deficiencia de argumentación” y le ordenaron profundizar la pesquisa.
Dentro de las tareas que le encomendaron “para enderezar” la “endeble investigación” figuran dictar oportunamente un nuevo pronunciamiento realizando un análisis integral de la prueba existente.
“Deberá resolver eventualmente la situación procesal de cada imputado en base a una imputación clara, concreta y circunstanciada sobre la cual estribar la acreditación, con el grado de probabilidad que esta instancia exige, de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales escogidos y despejar cualquier duda penal vinculada a la eventual responsabilidad que cualquier integrante de la AFI hubiera podido tener en la utilización, si así se acreditara, de sus recursos propios tanto de infraestructura material como humana en los hechos, y su relevancia jurídico penal”, enfatizaron.
En minoría, el juez Eduardo Farah votó por convalidar los procesamientos.
La causa se inició en diciembre de 2021, cuando la AFI presentó en la Justicia federal de La Plata una filmación encontrada en sus oficinas que registró una reunión celebrada el 15 de junio de 2017, en la sede porteña del Banco Provincia.
Participaron, entre otros, Marcelo Villegas, por entonces ministro de trabajo de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal; Julio Garro, intendente de La Plata; el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan; los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.
Todos hablaron de los aprietes y extorsiones que sufrían de parte de Medina y de que la Justicia no hacía nada.
Villegas le pidió a los empresarios que presentaran notas contra el gremialista para después judicializarlas y le dijo que ya tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez”.
Medina fue detenido en septiembre de 2017 por el juez federal de Quilmes Luis Armella, que lo procesó por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión y le trabó un embargo por 200 millones de pesos.
En febrero de 2020 fue beneficiado con la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de la localidad bonaerense de Ensenada. Un año después fue excarcelado por el Tribunal Oral Federal 2, pero incumplió la prohibición de participar en actividades gremiales y volvió a ser arrestado. Ahora está en libertad.
