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Media sanción al proyecto para crear más cárceles en la provincia de Buenos Aires

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La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto de ley que habilita al gobierno a expropiar inmuebles en varios distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para ser destinados a la construcción de dos cárceles y diez alcaidías. La idea fue presentada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y contó con el apoyo del Poder Ejecutivo.

Puntualmente, el proyecto pretende adquirir siete inmuebles, que serán declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación, que se encuentran ubicados en cinco distritos del conurbano provincial; dos en cada uno de los distritos de Quilmes y Moreno, y uno en los distritos de Merlo, La Matanza y Tigre.

En los fundamentos del proyecto se especificó que el Servicio Penitenciario Bonaerense «afronta la superpoblación más alta de su historia, cuyo registro se encuentra por encima del cien por ciento», y que «la cantidad de personas que tienen domicilio en el AMBA y se encuentran alojadas en unidades penitenciarias, alcaidías y comisarías de la Provincia representan 69,2% del total de la población analizada, cuando el total de plazas con las que cuenta el sistema en esa zona es de 38,7% del total».

Dichas cifras revelan que el Estado «se encuentra imposibilitado de cumplir con los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad internacional» y, en la actualidad, está asistiendo a “la sobrepoblación más alta de su historia”, cuyo registro se ubica por encima de 100% de su capacidad, de acuerdo con el alojamiento disponible en las 58 unidades penitenciarias y 10 alcaldías departamentales.

Según se detalla en el proyecto, el Estado provincial tendrá diez años para la construcción de unidades y alcaidías penitenciarias y departamentales, dispuesta en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria, y deberán hacerse «previa consulta y acuerdo con los municipios en que se desarrollen».

El Ministerio de Justicia también detalló que la construcción de unidades penitenciarias próximas a “los vínculos familiares o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de los lazos familiares o sociales, y de ninguna manera el encarcelamiento puede cercenar ese derecho”.

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