ESCUCHARAdemás de los funcionarios sospechados, habrían formado parte de la asociación ilícita una docena de particulares -también convocados-, que actuaron como proveedores del Estado El juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 3, citó a declarar a 27 personas -15 de ellas. Funcionarias- acusadas de instaurar, al menos entre 2013 y 2016, un sistema permanente de cartelización de las licitaciones realizadas por Vialidad Nacional.
Los hechos habrían ocurrido en el distrito número 1, que abarca el territorio la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte de la Provincia, por un monto de al menos 14 millones de pesos. Entre los convocados figura el ex jefe de aquella jurisdicción, Leandro Sverdlik.
En las indagatorias se imputarán los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, falsificación de documentos privados, falsedad ideológica de instrumentos públicos y asociación ilícita.
Además de los funcionarios sospechados, habrían formado parte de la asociación ilícita una docena de particulares -también citados-, que actuaron como proveedores del Estado; entre ellos, monotributistas y dueños de sociedades comerciales creadas al sólo efecto de intervenir en las licitaciones o que cambiaron llamativamente su objeto social para ello.
Presuntamente, en connivencia con los funcionarios, se habrían simulado contiendas de precios entre los particulares que, en muchos casos, son familiares directos entre sí.
A la vez, hay elementos de prueba que indican que se habrían cometido múltiples fraudes en perjuicio de la Administración pública a través del pago de sobreprecios y coimas y falsificaciones documentales, entre otras maniobras. La hipótesis delictiva que en concreto se investiga en el marco de la causa señala que entre 2013 y 2015 se habrían concretado al menos 273 operaciones comerciales -locaciones de obra, de servicio y compraventa de bienes- en cuyos expedientes administrativos se falsificaron las invitaciones, las constancias de retiro de los pliegos de condiciones y, hasta en ciertos casos, incluso las ofertas de precios.
Concurrentemente, se sospecha que determinadas personas físicas y jurídicas habrían servido al concierto de voluntades para direccionar a su favor y el de sus cómplices las adjudicaciones que se decidían.
La mayoría de ellas integran el “top 20” de proveedores con mayor monto adjudicado por el Distrito 1 durante esos años y en el grueso de los supuestas se trata de empresas vinculados por lazos de parentesco. Por ejemplo, existen licitaciones en las cuales algunos de los oferentes y adjudicatarios eran cónyuges, padre e hijo o tío y sobrino; entre otros lazos directos que unían a los supuestos competidores.
En otros casos, se falsificaban todos los sellos y firmas de empresas reales que nunca fueron convocadas o, directamente, empresas eran inventadas; todo ello, para cumplir en apariencia con los requisitos formales de las licitaciones. La denuncia inicial, realizada por la actual gestión de Vialidad Nacional a partir de una auditoría interna, expuso sospechas sobre el trámite en 13 expedientes.
No obstante, la investigación llevada adelante por el Juez Rafecas detectó irregularidades sistemáticas en 52 licitaciones realizadas por el Distrito 1.
En el caso de un proveedor monotributista, se presume que todas las operaciones de compraventa fueron simuladas, en tanto que los importes pagados por Vialidad (por $1.865.072,90) fueron subfacturados por ese proveedor en exactamente un 1.000%.
Otro supuesto singular es el de un proveedor de repuestos de autos a quien se adjudicó la compra de 191 baterías en tan sólo seis meses, por modelos de vehículos y volúmenes incongruentes con la flota de rodados del Distrito 1 en aquel entonces.
Por el expediente la Justicia Federal allanó más de 20 domicilios, entre ellos el local de repuestos de autos en donde se hallaron notas manuscritas vinculadas a una operación comercial en las cuales se haría alusión al reparto de sobornos, con indicaciones que apuntarían a funcionarios destinatarios de los retornos ilegales y sus montos.
