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La abogada María Teresa Sánchez, ex presa política, reprochó la actitud pasiva que asumieron los defensores oficiales Luis Molina y Ricardo Haro. Además, reconoció a sus torturadores.
Nuevamente la inacción de la Justicia federal cordobesa durante la última dictadura militar quedó ayer reflejada cuando declaró ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de Córdoba la abogada y ex presa política María Teresa Sánchez, quien fue secuestrada y detenida el 24 de febrero de 1976 y, como ya lo hicieron otros testigos, cargó las tintas contra los abogados Luis Molina y Ricardo Haro, quienes por esa época se desempeñaban como defensores oficiales.
Sobre Molina, quien ocupó ese cargo hasta fines de mayo de 2008, la testigo recordó que recibió su visita en la cárcel cuando fue castigada por negarse a ser sometida a una requisa vejatoria.
Lejos de ayudarla, contó que cuando ella lo puso en conocimiento de la situación que estaba padeciendo, Molina le respondió: “Vos no querés hablar y encima no te querés sacar la bombachita; así no te vas a ir más”.
Al comenzar a declarar, Sánchez, quien hoy se desempeña como abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, reconoció a algunos de los imputados como las personas que la torturaron mientras estuvo detenida en dependencias del Departamento de Informaciones Policiales (D2). Así, identificó como de la «patota de torturadores” a los policías imputados Miguel Ángel “Gato” Gómez y Calixto Luis “Chato” Flores.
A la imputada Mirta “Cuca” Antón no la reconoció por el nombre, pero al observarla en el banquillo de los acusados dijo que estaba en la D2 como personal policial.
Recordó que en esa dependencia vio a su marido muy golpeado y que le habían dibujado una esvástica en el pecho. «El gato Gómez nos hacía gritar ‘heil Hitler’”, relató.
Luego ubicó en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) -donde fue trasladada- a los militares Pedro Mones Ruiz y Gustavo Adolfo Alsina.
«Las torturas de Alsina son inolvidables para mí”, manifestó, al sostener que «era uno de los torturadores más salvajes” y que en ese lugar eran normal que personal masculino desnudara y sometiera a las mujeres a «tratos brutales”.
Sánchez estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada y detenida. En cautiverio tuvo a su hija Soledad, quien permaneció a su lado unos quince días antes de que la obligaran a entregársela a su familia.
Según relató, el 13 de abril de 1976 la llevaron a la Maternidad Provincial para dar a luz a la beba y allí la mantuvieron esposada a la cama de parto durante todo el tiempo que duró el proceso del alumbramiento.
Tras un cuarto intermedio declaró Graciela Galarraga, quien coincidió con otros testigos sobre la manera en que les imputaban todo tipo de delitos. “Ellos escribían y a nosotros nos hacían firmar cualquier cosa. Yo hablaba con el juez y detrás mío estaba la gente que me había secuestrado”, recordó.
Rompió en llanto
Al comienzo de la audiencia hizo uso de la palabra el acusado Juan Molina, un ex integrante del Departamento de Informaciones (D2). El ex policía leyó un listado sobre atentados que atribuyó a los «subersivos» y durante su lectura Mirta «Cuca» Antón, la única acusada mujer acusada, lloró al escuchar la mención de un ataque que habría sufrido su familia.
