ESCUCHAREn octubre, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, en pleno, puso de manifiesto sus inquietudes sobre la ley de flagrancia.
El tribunal opinó que la aplicación del nuevo régimen puede terminar “constituyendo un obstáculo para continuar operando adecuadamente con el resto del sistema”.
Ahora, en la misma sintonía, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata emitió una resolución en la cual resaltó distintas cuestiones y carencias que complicarían a la implementación de la reforma sancionada por el Congreso de la Nación, que regula un nuevo procedimiento para casos de flagrancia.
“El tribunal no se entiende facultado ni procura dar opinión acerca de los objetivos o propósitos perseguidos por la reciente norma, sino hacer conocer su opinión a los órganos y autoridades intervinientes en la administración de Justicia sobre las manifiestas dificultades que causaría su futura aplicación; al menos, en el fuero federal penal con asiento en la provincia de Buenos Aires”, aclaró.
Jurisdicción
Entre otros aspectos, la Cámara platense reseñó que las personas aprehendidas “en flagrancia” deben comparecer ante los jueces en 24 horas, una circunstancia que en la situación actual, con problemas de dotación de personal, presupuestarios y técnicos, pone en duda su operatividad. “La sola extensión de la jurisdicción territorial de los juzgados del circuito obstaculiza en grado sumo el mandato normativo, ello sin contar la actividad que normalmente desarrolla cada tribunal en causas complejas y de trascendencia institucional, como las vinculadas al tráfico de estupefacientes, trata de personas y delitos en contra de la Administración pública”, reseñó.
Por ello, resolvió oficiar al Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de solicitarle los recursos humanos, técnicos y edilicios referidos, y le hizo saber a los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación su punto de vista, a los fines de sea evaluado en la esfera de sus respectivas competencias.
A principios de septiembre, la Cámara Alta aprobó la ley 27272, que establece un proceso penal más veloz para quienes que sean sorprendidas cometiendo un delito.
La norma, considerada “una herramienta clave” para agilizar procesos y aliviar la Justicia, introdujo cambios en el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
Según el mecanismo fijado por la legislación que promovió el Poder Ejecutivo, los detenidos por ilícitos con penas menores de 15 años deben ser llevados ante el juez para participar de una audiencia oral inicial de flagrancia, que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde la captura.
Poco más de un mes después de la sanción de la legislación, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal emitió la resolución administrativa número 16/2016, mediante la cual puso de manifiesto una serie de “inquietudes y problemas” sobre la futura implementación de la norma.
Avance
En esa oportunidad, destacó que para que el avance que pretendido por el Poder Legislativo tenga eco en la práctica se requiere adecuar ciertos aspectos estructurales que no están “suficientemente preparados” para satisfacer las demandas que el nuevo procedimiento genera.
Uno de los aspectos que cuestionó es la falta de recursos técnicos, electrónicos y de infraestructura en los tribunales.
En ese sentido, subrayó que debe asegurarse un escenario que permita darles efecto a los objetivos de la regulación y “asegurar plenamente los derechos y garantías de las personas sometidas a proceso penal, como exige la Constitución Nacional”.
Así, subrayó que una implementación “desprovista de los medios necesarios” implica un “serio riesgo”; en especial, para todo lo relacionado con el alojamiento de los detenidos, que deberán ser trasladados hasta los tribunales y retenidos allí, a la espera de las audiencias previstas.
En esa línea, precisó que en virtud de la ley de flagrancia todas esas personas tendrían que ser trasladadas a comparecer ante los magistrados en 24 horas, prorrogables por un término igual, e hizo un cálculo de una cantidad (aproximada) de 33 detenidos por día y unas 230 audiencias semanales, en las cuales, además, deberán presentarse los fiscales, los defensores y, eventualmente, las víctimas.
Al igual que sus colegas de La Plata, los vocales advirtieron que hay un “déficit en la dotación de personal” en los juzgados y dependencias, indicando que el problema abarca tanto la cantidad de funcionarios que auxilian a los jueces como las vacancias para cargos de magistrados que existen en el fuero.
