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Más de 50 abogados se presentan en la justicia por conflicto entre Atilra y empresa láctea

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Más de cincuenta abogados de las tres centrales sindicales del país solicitaron en la justicia laboral ser aceptados como ‘amicus curiae’ en el juicio iniciado por miembros del gremio lechero Atilra contra la empresa Lácteos Vidal, al considerar que en ese proceso existe el riesgo de que el derecho de huelga termine encuadrado como una «acción delictiva», según advirtió una de las letradas firmantes, Verónica Quinteros.

La presentación conjunta lleva las firmas de 52 laboralistas agrupados sobre todo en el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (Faos) y fue presentada ayer en el Juzgado Nacional del Trabajo n° 69, a cargo del juez José Ignacio Ramonet.

En la presentación de 33 fojas, los peticionantes plantearon que en el caso se discuten asuntos que «exceden el interés de las partes afectando a la comunidad, alcanzando derechos humanos y sociales fundamentales».

Los firmantes manifestaron al juez Ramonet que la resolución del proceso que tramita en su juzgado «adquiere una relevancia significativa para la garantía del derecho de huelga, en especial en resguardo de garantías constitucionales e internacionales propias del Estado Constitucional de Derecho».

La solicitud lleva la firma de Héctor Recalde, electo hace una semana como representante del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura y apoderado histórico de la CGT; también la suscriben Héctor Omar García y Horacio Meguira, laboralistas que desde hace años representan a la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma.

El escrito fue presentado en el marco de una acción sumarísima caratulada «Yedro, Franco Marcelo y otros c/Lácteos Vidal SA y otro», iniciada por delegados de los trabajadores de la pyme láctea de la localidad bonaerense de Moctezuma, partido de Carlos Casares, y un vocal de la comisión directiva de la seccional Trenque Lauquen de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra).

En la presentación, que también suscriben los abogados Hugo Antonio Moyano (h), Gustavo Ciampa, Natalia Salvo y Damián Loreti, se cita normativa constitucional sobre el derecho de huelga al igual que jurisprudencia de la Corte y tratados internacionales de derechos humanos y sociales.

Además, se advierte que el despido discriminatorio es «un acto ilícito que viola derechos humanos» por lo que «la solución legal más ajustada es hacerlo cesar».

Una de las firmantes, la letrada Verónica Quinteros, explicó que la acción de amparo presentada en la justicia laboral a partir del conflicto en Lácteos Vidal debe ser leída como un ‘leading case’, ya que algunos sectores empresariales y políticos -advirtió- buscan limitar el derecho de huelga.

«Este juicio es importante porque surge a partir de un reclamo legítimo, que se da en el desarrollo de los derechos que están vigentes en la Argentina, como el derecho de huelga en tanto defensa auto-tutelada de los trabajadores, la mejor herramienta que tienen para defender que sus salarios no sean afectados», sostuvo la abogada, que patrocina a la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles argentinos (Apedefa).

Luego advirtió sobre la gestación de una «ofensiva brutal» contra los derechos laborales, al señalar que algunos representantes de la oposición como la penalista Florencia Arietto impulsan la actividad de un autodenominado Movimiento de Empresarios Anti Bloqueos Argentinos para equiparar una medida de fuerza sindical con una acción delictiva.

«Buscan denostar el derecho de huelga, que es un derecho constitucional, y hacerlo pasar como un delito. Pero uno de los modos de realización de las huelgas es la presencia de trabajadores en las puertas de la fábrica, ante despidos, ante el no pago de salarios. Siempre sucedió así, no es un invento argentino», subrayó Quinteros.

La figura del ‘amicus curiae’ (amigos del Tribunal) permite que sujetos ajenos al proceso judicial en trámite puedan intervenir en el caso siempre que puedan acreditar que poseen «especialidad o experticia en la cuestión que se somete a juzgamiento», con el objeto de «expresar opiniones que brinden aportes trascendentes», recordaron los laboralistas en la presentación.

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