ESCUCHARLa Alianza Sindical Independiente del país caribeño calificó como una “aberración jurídica” el fallo que les impuso 16 años de prisión a seis encausados por encabezar protestas en 2022
La semana pasada, en Venezuela, seis sindicalistas enjuiciados por “conspiración” y “asociación para delinquir” fueron condenados a 16 años de prisión por supuesto “terrorismo”.
Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Nelson Astudillo quedaron detenidos luego de encabezar protestas a mediados de 2022, en reclamo de salarios dignos y mejores condiciones laborales en el alicaído panorama laboral del país, donde el ingreso mínimo mensual ronda los cinco dólares.
Trabajadores de la Coalición Sindical Nacional se concentraron en el centro de Caracas en solidaridad con sus compañeros. Apuntaron a la inexistencia de testigos de cargo en el juicio y aseguraron que apelarán.
Por su parte, la Alianza Sindical Independiente (ASI) del país caribeño calificó como una “aberración jurídica” el fallo.
En un comunicado, aseguró que la decisión confirma “la criminalización y judicialización del ejercicio de la libertad sindical”.
Bajo esa premisa, planteó que en Venezuela, de acuerdo con aquélla, “ser dirigente sindical es sinónimo de delincuencia organizada”.
En tanto, la presidenta de ASI, Lerida Marcela León, citada en el documento, afirmó que el decisorio amenaza los derechos a la huelga, a ejercer la actividad sindical y a reclamar y que los ataques a los derechos civiles en el ejercicio de la libertad sindical “son una degradación de los principios democráticos”.
OIT
La alianza solicitó la anulación de la sentencia e hizo un llamado de alerta a la Confederación Sindical Internacional (CSI) y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Cabe recordar que en junio pasado, Eduardo Torres, uno de los abogados de los penados, destacó que las protestas de las que participaron sus asistidos no solo están amparadas por la Constitución de Venezuela y por el Convenio 87 de libertad sindical de la OIT.
Paralelamente, varias ONG y dirigentes denunciaron que lo sucedido es una persecución política y le expresaron su apoyo al movimiento sindical venezolano.
Hace horas, hubo una manifestación ante la sede de Naciones Unidas.
Activistas, disidentes, integrantes de ONG y representantes de organizaciones gremiales repudiaron las últimas declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, aliado de Nicolás Maduro.
El alto funcionario reiteró su tesis de que los seis hombres no son sindicalistas ni trabajadores de empresas públicas o privadas, sino “conspiradores”.
Según el agente, no están inscritos en el seguro social ni afiliados a ninguna organización sindical.
En declaraciones a EFE, Saab opinó que en una protesta de julio del pasado año los encausados pretendían “atacar a la democracia”.
Aseguró que integraban un grupo había planificado acciones contra el Gobierno, como “actos de sabotaje” y “entorpecimiento en las actividades del 5 de julio de 2022”, donde estaban Maduro y el alto mando militar.
Además, aseveró que abordó el caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Caracas, quienes, aseguró, “quedaron satisfechos” con la información que se les brindó, la cual, según su versión, sustenta que los hombres no fueron procesados por pedir mejoras salariales.
ONG y organizaciones gremiales exigen la libertad de los encarcelados, cuya inocencia reivindican, tras haber recibido penas de 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Tiempo récord
La condena fue emitida en tiempo récord por un juzgado de Caracas con competencia en casos de terrorismo.
Negrín, Blanco, Cortés, Meléndez, Bracho y Nelson Astudillo están vinculados a los gremios del aparato administrativo del Estado venezolano (Poder Judicial y Poder Legislativo).
Negrín, por caso, está afiliado a Codesa (Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela), una central sindical de izquierda de pequeño tamaño.
Otros militan en Bandera Roja, un partido minoritario con cinco décadas de historia y origen marxista que hoy integra la oposición.
Oposición
El arco opositor también fustigó el fallo. La Plataforma Democrática emitió un comunicado rechazando la medida.
María Corina Machado, de Vente Venezuela, que lidera en este momento los sondeos de opinión en el país, manifestó en su cuenta de Twitter que en Venezuela la Justicia “es un tentáculo de la tiranía”. “Este es un acto grotesco y cruel. Estas personas son detenidas por denunciar los atropellos del régimen a sus compañeros de trabajo. Toda mi solidaridad contra estos valientes luchadores”, escribió.
Henrique Capriles, candidato de Primero Justicia, también se pronunció al respecto: dijo que la decisión es “un horror” y que de dictó “sin ninguna prueba”.
DDHH
Por su parte, Provea, la ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, calificó el fallo de “brutal” y recordó que en el proceso judicial “el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses”.
En la acusación formulada por la Fiscalía General de en contra de los trabajadores se relata que llegó una denuncia anónima de un ciudadano denominado “Adalberto”.
La defensa alega que se trata de un denominado “patriota cooperante”, uno de los voluntarios chavistas que autorizados a hacer labores de “inteligencia social” por el régimen.
“Adalberto” se comunicó con la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana en julio de 2022 y la investigación comenzó en ese momento.
A los acusados se los incriminó como integrantes de la Unidad de Resistencia Popular, que según las autoridades se motorizó para “organizar acciones terroristas contra el Estado venezolano y la democracia”, como planificar secuestros, promover protestas y sabotear fiestas patrias.
El informe del fiscal titular del caso, Elín Teodoro León, sostiene que en virtud de un procedimiento de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional (DGCIM) se accedió a conversaciones privadas de WhatsApp y se realizó un seguimiento de las actividades de los gremialitas.
El letrado Torres reconoció la existencia de pesquisas de inteligencia contra sus defendidos y descartó que no son pruebas en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano.
Además, enfatizó que el informe policial dejó “claramente establecido” que los dirigentes no estaban adelantando ninguna acción política.
