Mantienen responsabilidad de una abogada por costas en una demanda prescripta

El TSJ cordobés achacó a la profesional el asesoramiento brindado pero entendió que los gastos debieron imponerse por su orden porque, más allá de los 15 años de retraso en presentar la demanda, la acción se fundó en hechos existentes

Al validar el rechazo de la demanda por estar prescripta al haberse presentado 15 años después de ocurrido el accidente de trabajo, base de la acción, sin que existiera suspensión ni interrupción de los plazos, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ordenó que las costas en ambas instancias sean por el orden causado, al valorar que el accionante padecía de parte de las consecuencias incapacitantes que reclamaba. Sin embargo, el fallo mantuvo la condena solidaria por las costas a la letrada del actor, basada en el incorrecto asesoramiento técnico.

El demandante se agravió por lo resuelto en cuanto al modo en que se impusieron las costas y cuestionó que se declarara prescripta su pretensión.

El trabajador explicó que reclamó por las secuelas provenientes de un accidente laboral -que denunció como acaecido 15 años antes de la interposición de la demanda- y por enfermedades profesionales que entiende derivadas de sus labores, sobre lo cual protestó porque la a quo no profundizó en las previsiones de la LRT y omitió aplicar otras normas complementarias.

Plazo

La parte demandante expuso que, conforme lo establecido por la LCT, el comienzo del plazo prescriptivo rige “desde la determinación de la incapacidad” y que las incapacidades definitivas “prescriben” cuando son declaradas por la Comisión Médica (CM) o han vencido todos los plazos de la incapacidad provisoria.

Al respecto, el trabajador adujo que debió computarse desde el reclamo ante la CM (el 21/6/2012), sin perjuicio de que sólo se trató de un procedimiento que le permitió acceder a un beneficio transitorio por invalidez; máxime, cuando al inicio de la acción (el 13/6/2014) no contaba con una incapacidad definitiva.

En orden a la cobertura, el accionante afirmó que se acreditó la vigencia de un contrato de afiliación entre la demandada y la empleadora del actor -marzo de 2011 a diciembre de 2014- y cuestionó la imposición de costas en su carácter de vencido, sosteniendo que su pretensión se justificaba con un certificado médico en el que se determinó la existencia de las secuelas de un accidente y de enfermedades que fueron calificadas como profesionales.

Participación

Por su parte, la letrada que patrocinó a la trabajadora se agravió por ser responsabilizada solidariamente al pago de las costas, aseverando que su participación comenzó con un certificado médico y que produjo prueba demostrativa del estado de salud del actor y de su derecho a reclamar, como así también que el monto pretendido en la acción se adecuó a las previsiones del SRT, habiendo sido calculado en función del porcentaje determinado por el profesional interviniente.

El TSJ integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Rubio y Luis Angulo indicó que la impugnante no evidenció los errores jurídicos denunciados, porque de las constancias surge que el actor reclamó prestaciones por un accidente de trabajo acaecido 15 años antes de la demanda y, aun cuando la juzgadora no lo tuvo por acreditado pues de la prueba incorporada no surgía el momento concreto en que se había producido, puso de resalto que -incluso ante esa hipótesis- la demanda ya estaba prescripta, no habiéndose verificado una suspensión o interrupción del plazo.

El Alto Cuerpo valoró que las omisiones denunciadas no se verificaron porque no revirtió el aspecto que la a quo señala como determinante para resolver como lo hizo; esto es, que el término de la primera manifestación invalidante a cualquier efecto no puede superar el de la rescisión del ligamen, momento que la parte actora fijó en febrero de 2012.

El fallo sostuvo que distinta era la situación del planteo relativo a las costas, al observar que la juzgadora tuvo al trabajador como vencido y sin elementos para eximirlo de ello.

Diagnóstico

El TSJ infirió que el actor contaba con un diagnóstico otorgado por un profesional de la salud y ratificado -aunque parcialmente- por el dictamen pericial, por lo cual se consideró con derecho a litigar, puesto que no cuenta con los conocimientos técnicos relativos a los plazos legales de la prescripción.

Así, se remarcó que correspondía mantener la condena solidaria a la letrada interviniente, pues las afirmaciones de la abogada en orden al diagnóstico médico y la cuantificación del porcentaje incapacitante conforme los parámetros legales resultan ineficientes para conmover la apreciación de la Juzgadora desde que, se insiste, el análisis de los presupuestos atinentes a la procedencia de la acción corresponde exclusivamente al asesoramiento técnico.

En tales condiciones, en el fallo se resolvió que corresponde anular el pronunciamiento sólo en el aspecto señalado (art. 105, CPT) e imponer las costas por el orden causado manteniendo la responsabilidad solidaria de la letrada interviniente.