Por la manipulación de datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Ministerio Público Fiscla (MPF) pidió que el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno sea condenado a cuatro años de prisión y a 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Moreno está sentando en el banquillo acusado de haber cometido los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos y falsedad ideológica.
La Fiscalía concluyó sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que escuchará a las defensas a partir del próximo miércoles.
También pidió condena para otras tres ex funcionarias: cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos para la exdirectora del IPC, Beatriz Paglieri, y dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.
En tanto, reclamó que se abra una pesquisa en contra de la ex ministra de Economía Felisa Miceli.
Diego Luciani
Los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski sostuvieron que el INDEC dependía de la cartera que encabezó la mujer y entendieron que se debe investigar si delinquió.
Luciani y su colega consideraron que para bajar “artificialmente” la inflación, Moreno intervino de facto del INDEC con la designación de Paglieri.
“A martillazos bajaban los índices. La inflación no tenía que pasar el 10 por ciento y lo lograban mintiendo”, dijo Luciani. “Moreno, a través de la introducción de Paglieri, había logrado llegar a toda la información confidencial que le estaba vedada”, sumó.
“De los testimonios se supo de manera unánime que, desde la llegada de Paglieri, empezaron a extraer a diario una gran cantidad de fotocopias de los formularios de índice que se acumulaban en carpetas para que luego Paglieri las sacaba del organismo”, señaló Luciani, y explicó que las fotocopias las hacían Filia y Cámpora Avellaneda.
Por su parte, Ipohorski alegó que para controlar los índices se introdujo un sistema de topes de precios que no podían superar el 15 % de aumento por producto.
En otro tramo, la Fiscalía afirmó que en el INDEC había policías de civil que controlaban a los empleados y que algunos llegaron a ser encerrados en oficinas. Además, denunciaron maniobras tales como retiro de contraseñas o de tareas y despidos.
El juicio comenzó en abril pasado y Moreno negó las acusaciones. “Utilizamos la conversación de los precios. Eso fue lo que hicimos”, dijo.
Paralelamente, relativizó la función del organismo. “Yo no precisaba el INDEC para mi trabajo, mi gestión no dependía de ese instituto. Mi trabajo lo excedía enormemente. Había que preservar el valor del salario y el INDEC solo hacía estadísticas”, arguyó. “No me interesaba saber los datos estadísticos confidenciales porque yo tenía todos los precios del mercado”, acotó.