Pese a que la titular de la Cámara baja había retirado las designaciones luego de un fallo que cuestionaba a la diputada radical Reyes, el máximo tribunal ratificó su admisión
La Corte Suprema de Justicia ratificó su resolución previa y ordenó la incorporación al Consejo de los diputados oficialistas Rodolfo Tahilade y Vanesa Siley, el legislador del PRO Alvaro González y la radical Roxana Reyes, que había sido objetada ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal como representante de la segunda minoría del cuerpo, seleccionados antes que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, retirara sus designaciones.
En una acordada firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte advirtió que «tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica».
Del mismo modo, el máximo tribunal recordó que los distintos estamentos representados en el Consejo también tienen el deber de designar a sus respectivos representantes, «y la demorar o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional».
Hecha esa advertencia, los ministros de la Corte razonaron que, así como los presidente de Diputados y el Senado sólo pueden confeccionar y elevar la lista de representantes de cada Cámara al Consejo «previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios», para modificar o retirar esa lista también deberían obedecer a directivas de esas mismas autoridades de bloque.
Esto no ocurrió con el cambio de posición de Moreau respecto de los cuatro diputados que deben incorporarse a la Magistratura, por lo tanto la última resolución válida en términos legales es la que había oficializados la designación de Siley, Tahilade, González y Reyes.
Aunque la decisión de la Corte no interrumpe ni condiciona el trámite de los amparos presentados ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para dirimir el caso de Roxana Reyes, el máximo tribunal ratifica y ordena el cumplimiento de su Acordada 31/2022, en la que el mes pasado se había dispuesto el juramento de los diputados y su incorporación al Consejo, sólo restando ponerle fecha a ese acto.
