ESCUCHARLa Asociación Argentina de la Magistratura rechazó las expresiones del presidente Alberto Fernández, sobre la posibilidad de discutir la duración de los mandatos de los jueces.
La entidad que nuclea a jueces, fiscales y funcionarios de alto rango del Poder Judicial recordó que “el plazo de vigencia del nombramiento de los magistrados sólo encuentra el límite por edad previsto en el artículo 99 de la Constitución Nacional, y su férrea previsión se vincula directamente con el aseguramiento de la independencia del Poder Judicial”.
“Resultaría contraproducente que un magistrado, quien debe resolver los casos con total independencia de espíritu, se lo someta a recibir presiones indebidas ante una eventual próxima renovación en su cargo”, advirtió el documento.
Con las firmas del presidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle, y del secretario de ésta, Enrique Comellas, el texto proclama que “la eventual modificación” del carácter vitalicio hasta los 75 años de edad de los magistrados “concierne con exclusividad al poder constituyente”.
De tal modo, cualquier eventual modificación debería producirse por medio de una reforma constitucional. Aun así, la asociación consideró que no es el momento para abrir una discusión de esa naturaleza. “No estimamos adecuada la presente discusión en el marco de la delicada situación que atraviesa el país, urgida por otras numerosas prioridades”, resumió el documento.
En el mismo sentido, se pronunció la Federación Argentina de la Magistratura (FAM)
que remarcó que “la existencia de Poderes Judiciales independientes supone el compromiso institucional para preservar las condiciones que la hacen posible” y advirtió de que “ no es bueno sembrar dudas acerca del alcance de las garantías que la Constitución Nacional establece para proteger los derechos y garantías de la ciudadanía, siendo el mejor camino trabajar para fortalecerlas”. El comunicado de la entidad fue difundido luego de que, el fin de semana pasado, el primer mandatario, en un encuentro que encabezó con estudiantes de abogacía, preguntó: “Si al procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”.
