ESCUCHARHace un año, la legisladora pidió el juicio político del titular de la Corte. Ahora lo acusa
de filtrar escuchas telefónicas y anunció que ampliará las causales de su solicitud,
por supuestas “presiones indebidas” del juez sobre otros poderes del Estado
Hace un año, luego de que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, le envió cartas documento a la jueza federal María Servini y a la diputada Elisa Carrió para exigirles que en 24 horas desmintieran públicamente lo que definió como “falsas acusaciones” sobre supuestas presiones en contra de ambas, que él consideró “lesivas a su honor e imagen personal”, la legisladora presentó en la mesa de entradas de la Cámara Baja un pedido de juicio político en contra del juez, por mal desempeño, violación de deberes éticos y eventuales delitos.
También citó que el vocal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce.
El enfrentamiento entre la legisladora oficialista y el ministro ya llevaba un tiempo, pero se agravó tras el fallo del Máximo Tribunal que, por mayoría, validó el límite etario establecido en la Constitución Nacional para la función judicial (75 años).
Tanto la funcionaria como la líder de la Coalición Cívica criticaron a Lorenzetti y aseguraron que “apretaba” a inferiores para que cerraran causas en su contra.
“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República; en este caso, en la presidencia de la Corte”, sostuvo Carrió en los fundamentos de su proyecto de resolución, hace un año.
Código Civil
Semanas atrás, la puesta en marcha de la revisión de la reforma del Código Civil (CC), diseñada, entre otros, por Lorenzetti, reactivó la disputa. Cabe recordar que durante el proceso de redacción del proyecto de ley que derivó en el cambio legislativo, en varias oportunidades la diputada declaró que el juez había cerrado negocios editoriales.
La relación se complicó tras el dictado de la acordada sobre el Tribunal Oral Federal Número 9 (TOF9), que debía juzgar a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Mediante aquélla, en una votación dividida, el Máximo Tribunal dispuso que los traslados equivalen a una nueva designación; es decir, que necesitan un nuevo acuerdo del Senado, dejando sin validez la ley 27307, del año 2016, que habilitaba al Consejo de la Magistratura a ordenarlos con mayoría simple de sus miembros.
La nueva pelea entre Carrió y Lorenzetti se desató por las escuchas judiciales que, por decisión del presidente Mauricio Macri, pasaron de la órbita de la Procuración General de la Nación -que hasta noviembre condujo Alejandra Gils Carbó- a estar a cargo de dos camaristas cercanos a Lorenzetti, Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra.
Ahora, Carrió acusa a Lorenzetti de filtrar las grabaciones de llamadas entre la ex mandataria y Oscar Parrilli a los medios y anunció que ampliará las causales de su pedido de juicio político , por “presiones indebidas” ejercidas por el titular de la Corte sobre otros poderes del Estado.
En esa línea, adujo que el supremo es “un actor decisivo en intentos de desestabilización institucional” y que, para ello, creó “una inteligencia paralela encargada de extorsionar a otros poderes del Estado” conforme a sus intereses personales.
Ante acusaciones de semejante gravedad, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional fijó posición y expresó su preocupación por lo que definió como “frecuentes imputaciones y cuestionamientos proferidos por funcionarios de la política respecto de la máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación y, sin mayor especificación, a los jueces en forma general”.
“Se considera oportuno reclamar mesura a las figuras públicas en los cuestionamientos fuera de los carriles legales”, acotó la entidad en el comunicado que difundió, estimando que “un proceder contrario, lejos de contribuir a la institucionalidad, la termina horadando”.
“Los ciudadanos necesitan confiar en el Poder Judicial como máxima salvaguarda de sus derechos”, expuso.
