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El secretario de Derechos Humanos del municipio abrió la ronda de declaraciones testimoniales. También reconoció al imputado Cayetano Rocha. Brindó detalles sobre las condiciones infrahumanas de detención y recordó las torturas aplicadas a los presos políticos.
Extenso y conmovedor fue el relato que ofreció ayer el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Miguel Baronetto, en la quinta audiencia del juicio oral en el que se juzga a Luciano Benjamín Menéndez y a Jorge Rafael Videla, junto a otros 29 represores.
Baronetto fue el esposo de Marta Juana González, una de las 31 víctimas, quien fue fusilada en un fraguado intento de fuga y, al igual que su mujer, también fue preso político durante la última dictadura militar.
Al comenzar su declaración, el “Vitín”-como ya lo conocen todos- pudo reconocer a los imputados Carlos Yanicelli y Cayetano Rocha como algunos de los policías que lo torturaron tras ser secuestrado, junto a su esposa, el 15 de agosto de 1975.
En su testimonio, el hoy funcionario municipal no sólo relató las inhumanas condiciones de vida que padeció mientras estuvo detenido casi una década , sino que además, recordó el nacimiento en cautiverio de su hijo –Lucas Ariel–, del que se enteró gracias a un gendarme borracho.
“El 30 de julio un gendarme que estaba medio borracho me preguntó si era creyente. Le dije que sí, y él me contestó que era evangelista y que tenía un mensaje de Marta. Entonces me dijo: ‘Soy creyente y su mujer, que está en el pabellón 14, me ha dicho que le avise que el 16 de julio ha nacido su hijo’”, comentó.
Más duro aún fue escuchar al testigo explicar que se enteró de la muerte de su esposa por medio de un papel higiénico que le hizo llegar otro detenido en el que le contaba que Marta había sido asesinada. El por entonces detenido aseguró que en ese momento le sirvió una poesía que le hizo un preso para darle “fortaleza”.
Tortura y muerte
En otro tramo de su declaración, Baronetto remarcó que las condiciones de detención en la Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP1) se empeoraron tras el golpe de Estado. Según indicó, el propio jefe de Estado Mayor del Área de Defensa 311, el general Juan Sasiaíñ, les dijo, cuando los visitó en la cárcel, que los “iban a matar a todos”. Un mes después -recordó- fueron asesinados María Eugenia Irazusta, Daniel Eduardo Bártoli y Víctor Hugo Ramón Chiavarini.
En la sala de audiencia, Baronetto identificó al acusado Gustavo Adolfo Alsina, a quien incluso saludó. Luego, lo vinculó con la muerte de José René Moukarzel, un médico que militaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y que murió tras ser estaqueado en un patio de la cárcel en pleno invierno. Según dijo el secretario de Derechos Humanos, él mismo pudo ver “a través de los agujeritos de la celda” cómo lo estaquearon.
La declaración de Baronetto se extendió hasta la última de la tarde. Después lo hicieron Jorge y Enriqueta Balustra, hijos del preso político Pablo Balustra, quien fue asesinado el 11 de octubre de 1976.
Polémica
Agüero se retiró sancionado y ofuscadoFiel a personalidad, Jorge Agüero, el defensor del imputado Luis Rodríguez, volvió a polemizar con el presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1, Jaime Díaz Gavier, quien en la tarde de ayer lo sancionó en forma “preventiva” por su demora en llegar a la sala de audiencias. Agüero se enojó con el magistrado cuando, al ingresar a ésta, le preguntó si estaba dispuesto a reasumir la defensa de su cliente quien, provisoriamente y ante su ausencia, estaba siendo representado por Alejandro Cuestas Garzón.
Agüero respondió que nunca había abandonado su defensa y, entonces, se retiró.
Otero Álvarez visitó Sierra Chica y dijo que no podía investigar
Como preso político, Baronetto estuvo detenido, además de en la UP1, en la cárcel de máxima seguridad U2, de Sierra Chica. Según relató, allí fue visitado por el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma y por su secretario penal, Carlos Otero Álvarez, quienes le tomaron declaración indagatoria.
En esa oportunidad -recordó- le preguntó a los funcionarios judiciales sobre el asesinato de su esposa, a lo que Otero Álvarez le respondió leyéndole un comunicado del Ejército, que estaba firmado por el coronel Vicente Meli, y que indicaba que su esposa había muerto en un enfrentamiento durante un intento de fuga.
Ante esa situación, Baronetto les recordó que tanto él como su esposa estaban bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo y -en ese marco- les pidió que investigaran el hecho. Pese al reclamo, dijo, Otero Álvarez le respondió que “no podía hacer más porque eso es lo que el Ejército les decía”.
