La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la ex presidente y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en la causa Los Sauces, en la cual se investigan operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares.
El tribunal también avaló la incriminacón de los hijos de la ex mandataria, Máximo y Florencia, y de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
Ahora, el juez Julián Ercolini, quien lleva adelante la investigación por el direccionamiento de la obra pública, se hará cargo del expediente.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero modificaron la calificación legal de los delitos que se le enrostran a Fernández de Kirchner y la procesaron por asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con lavado de dinero en calidad de coautora y admisión de dádivas. Sin embargo, decretaron la falta de mérito por negociaciones incompatibles con la función pública.
Novedad
La novedad en el encuadre jurídico es la figura de dádivas. Según sospecha la Justicia, habrían sido entregadas por López y recibidas por la ex presidenta mediante los pagos efectuados a Los Sauces.
“El ingreso del dinero a Los Sauces SA intervinieron Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva, quienes actuaron en su rol de apoderados de la entidad”, precisó el fallo.
A su turno, el juez Claudio Bonadio había determinado que la maniobra investigada “fue pergeñada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner” y que junto a Florencia, después de 2010, se convirtieron en “jefes de una banda”.
En ese sentido, estimó que todos “impartían las directivas” que acataba la organización delictiva para percibir dinero ilegítimo “a fin de darle apariencia lícita” y que percibían “retornos disfrazados de contratos de alquiler” que les garantizaron a la ex familia presidencial ingresos por más de 25 millones de pesos entre 2009 y 2015.
La alzada ratificó ese razonamiento. “Nos encontramos frente a un enjambre de empresas que, ante el cuadro aludido y con los diferentes actores, se instituyó para coordinar subrepticiamente el desvío de ese peculio -oficial-, amparado en firmas funcionales porque, naturalmente poseían, el objeto social necesario para ello (ejemplo, construcción”, detalló.
Además, enfatizó que con esa bifurcación, ingeniada por el estamento político, el dinero comenzó “a orientarse y ensuciarse hasta recaer en Los Sauces”, valorando que era “notorio” que la persona jurídica se constituyó “para tomar un porcentaje del dinero concedido para programas republicanos”.