La sentencia involucra a Google, Yahoo y Bing y determina que la Justicia intervendrá sólo cuando haya un desacuerdo entre el usuario solicitante y el motor de búsqueda.
El juez Marcelo López Alfonsín, titular del Juzgado 18 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño, le ordenó al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicte una norma que le exija a los buscadores de Internet domiciliados en la jurisdicción que dispongan de un protocolo para borrar aquellos links que llevan a páginas con datos que vulneren el derecho a la intimidad de los usuarios.
Así, Google, Yahoo y Bing tienen un plazo de 180 días para acatar la sentencia -que podrá ser apelada-.
“Hábeas Internet”
Andrés Gil Domínguez, el abogado que presentó el amparo colectivo, declaró que incorporó el concepto de “hábeas Internet” en su planteo, que es más abarcativo que el “derecho al olvido” que se aplica en Europa, ya que contemplan los datos sensibles de cada persona (como sus ideas políticas, religiosas y condición sexual) y el historial que pueda encontrar en la web con informaciones personales u opiniones que la persona considere inexactas o que dañan su reputación. El fallo permite que cualquier ciudadano les solicite a los buscadores que retiren los links que cree que lo perjudican, aportando las probanzas correspondientes, y determina que las firmas deberán desarrollar mecanismos ágiles para el retiro.
Asimismo, el decisorio prevé que la Justicia actuará recién cuando los usuarios y motores de búsqueda no lleguen a un acuerdo.
El debate por la responsabilidad de los buscadores sobre los contenidos disponibles on line es cada vez más intenso en el mundo. Con matices, se enfrentan dos posturas, ya que hay quienes aseguran que deben responder por la difusión de la información alojada en los sitios que aparecen en sus resultados de búsquedas; mientras que otros estiman que imponerles la carga de filtrar contenido a solo pedido de una parte atentaría contra la libertad de expresión y pondría en manos de un particular (el buscador) una decisión sólo reservada a la Justicia; es decir, dirimir en un choque entre derechos fundamentales.
Derecho al olvido
En mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea convalidó el “derecho al olvido”, que implica que si alguien en Europa encuentra en cualquier buscador datos que considera que lo perjudican, puede solicitarle a la empresa que los borre.
A finales de septiembre Google había recibido 135.000 solicitudes de eliminación.