Los representantes del Consejo de la Magistratura se preparan para jurar mientras crece la batalla judicial

Este viernes vence el mandato de los actuales consejeros. Hay expectativa sobre lo que hará Cristina Fernández con la designación del senador Doñate. La parálisis en el cuerpo es preocupante y los pedidos para reformar al organismo son crecientes

No existen dudas de los problemas estructurales en torno al desempeño del Consejo de la Magistratura de la Nación. Actualmente hay 240 cargos vacantes sobre un total de 988 que tiene el Poder Judicial Nacional y Federal argentino. Asimismo, según el presupuesto presentado recientemente por el Consejo de la Magistratura de la Nación, hay al menos 1.098 cargos judiciales que fueron creados en los últimos años y que aún no fueron habilitados para su funcionamiento. En algunas jurisdicciones la situación es crítica: en Rosario, por ejemplo, donde el año pasado la Corte como cabeza del Poder Judicial prometió apoyo para los jueces de la ciudad, hay 40% de vacantes.

Las serias deficiencias del Consejo de la Magistratura requieren de la revisión de los reglamentos que rigen su funcionamiento así como de un cambio en la ley. 

En ese sentido, todos coinciden en que el Congreso de la Nación debe retomar el debate parlamentario, producir los consensos necesarios y avanzar de manera urgente con la aprobación de una nueva normativa. El debate iniciado hace unos meses en la Cámara de Diputados de la Nación, que por los vaivenes de la política quedó trunco, había demostrado el absoluto consenso existente sobre la necesidad de modificar el funcionamiento actual del órgano.

Hay que destacar que desde 1997 el Consejo de la Magistratura de la Nación fue regulado por diferentes normas que establecieron diversas conformaciones de la institución y llevaron a intensas discusiones sobre el cumplimiento de las exigencias constitucionales.  De ello derivaron intervenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que en dos ocasiones se pronunció en cuanto a los diseños propuestos por dos de las reformas a la ley. 

La última fue en diciembre pasado, cuando la Corte Suprema dictó un fallo que declaró la inconstitucionalidad de una ley del Congreso, sancionada en 2006, que reducía de 20 a 13 la cantidad de miembros del Consejo. 

Por unanimidad, los ministros otorgaron plazo hasta el pasado 14 de abril para que se disponga “lo necesario para la integración del órgano”. Además, decidieron “exhortar al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

En abril de 2022,  el Consejo quedó conformado. A los abogados, jueces y académicos se les sumó el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como titular del organismo. Pero -aun conformado- el Consejo siguió paralizado. En octubre hubo elecciones y los nuevos consejeros se preparan para jurar en los próximos días. El de 2023 será un año electoral y hay dudas de que la situación pueda revertirse con la nueva conformación.

Cabe preguntarse cuáles son los cambios sobre los cuales debería trabajar el Consejo de la Magistratura, si quiere salir de la parálisis en la que se encuentra. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Unión de Usuarios y Consumidores y Poder Ciudadano vienen elaborando propuestas de reformas que incluyen cambios en el reglamento de los concursos, modificación en la conformación de los jurados o en los puntajes asignados en las diferentes instancias de las evaluaciones.

Dedicación exclusiva

Las organizaciones advierten de que la duplicación de funciones de los consejeros atenta contra el desempeño de ese organismo, además de generar otros inconvenientes: colapso en los tribunales de quienes representan al estamento judicial y posibles conflictos de intereses en el caso de la abogacía.

En ese marco, proponen que el Congreso avance con una ley que contemple que los jueces puedan pedir licencia, que quienes integran el Consejo no puedan subrogar otros juzgados, que se suspendan las matrículas de los abogados electos y se establezcan mecanismos de prevención de conflictos de intereses.

Exámenes y mecanismos de evaluación

Entre las propuestas, las organizaciones instan a que el Consejo de la Magistratura convoque a “examen general para jueces y juezas de las distintas instancias y fueros, con independencia de las vacantes”.

También reclaman que esos exámenes generales sean una verdadera prueba de aptitudes de todo tipo y no una simple resolución de un caso, que además generalmente se realiza por escrito para evaluar solo la capacidad de interpretación de las leyes, y pidieron que se evalúe diferentes aspectos, tales como su capacidad para comprender el funcionamiento dinámico de las instituciones, su compromiso con los derechos humanos y la situación de los grupos más vulnerabilizados, y su perspectiva de género.

Asimismo, exigen que se establezca un “mecanismo transparente de análisis de antecedentes de todos los candidatos y candidatas”, como también que las impugnaciones a los resultados de la evaluación sean decididas por un jurado técnico independiente y no por los miembros del Consejo de la Magistratura.

En cuanto a los jurados, las organizaciones reclaman jurados técnicos independientes de alta calidad y de completa dedicación al conjunto de exámenes -realizados con una periodicidad determinada- permitiendo así que adquiera mayor legitimidad el listado ranqueado que resulte del proceso de selección. Un jurado que ofrezca una integración más amplia, e incluso interdisciplinaria.

Piden, asimismo, que la entrevista a los candidatos sea pública y transmitida por todos los medios y las redes sociales. 

También proponen una modificación en el puntaje que se le asigna a la prueba oral en un concurso. En tal sentido, coinciden en que no puede valer más de 20% el puntaje que se asigna a esta instancia de evaluación.

Además, plantean que los exámenes escritos sean hechos por una inteligencia artificial, y que se utilice innovación para evitar las filtraciones y arreglos.

El fallo de la Corte aumenta las rispideces

La Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti -presidente de la Corte y del Consejo- Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, resolvió el pasado martes apartar a Martín Doñate del Consejo. Los jueces señalaron que el senador fue designado por un “ardid” de Cristina Fernández luego de dividir su bloque en dos y quedarse así con la representación de la segunda minoría parlamentaria, en el cuerpo cuando el lugar le correspondía al PRO. La Corte falló en un caso que inició el senador Luis Juez, quien reclamaba ese lugar en el Consejo.

El Frente de Todos dijo que es inaplicable y una intromisión de la Corte en el Poder Legislativo; la oposición celebró la decisión de la Corte. En este contexto, los consejeros de la oposición le enviaron una nota a Rosatti para que “a la mayor brevedad posible” le tome juramento a Juez en lugar de al senador kirchnerista. Lo hicieron la abogada Jimena de la Torre, el diputado del PRO Pablo Tonelli, la senadors radical Silvia Giacoppo y la diputada de la UCR Silvia Reyes.

Ahora bien, ¿por qué la Corte resolvió una causa que en 10 días se vuelve abstracta?”, no hay que perder de vista que el mandato de Doñate en el Consejo vence este viernes 18.

La próxima semana el Senado debe enviar al Consejo sus representantes para el período 2022-2026. Son cuatro: dos por el bloque de la primera mayoría, uno por la primera minoría y el cuarto por la segunda minoría parlamentaria. La pelea ya comenzó.

Horas después del fallo, Juez le envió una nota a Cristina como presidente del Senado para que lo designe a él en representación de la segunda minoría. El Frente de Todos ya dijo que va a proponer nuevamente a Doñate para ese lugar. Los dos sectores fundamentan su decisión en el fallo de la Corte.

Juez y Humberto Schiavoni, también senador del PRO y propuesto como suplente en el Consejo, ya adelantaron públicamente que, si no son elegidos, presentarán una nueva causa judicial. 

Juez explicó que iniciará una causa contra la vicepresidente por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desobediencia de un fallo judicial, si insiste en nominar a Doñate.

Piedecadas anticipa que trabajará para alcanzar los consensos

Con la lista “Abogacía por una Justicia Independiente”, el abogado  Miguel Piedecasas ganó las elecciones en el Consejo de la Magistratura por el estamento de los abogados. Lo hizo con más de 16 mil votos y el apoyo de la oposición, que le permitió ingresar al organismo con su par Jimena de la Torre. 

De esta manera, consiguió volver al recinto del que ya formó parte entre 2014 y 2018, e incluso lo presidió durante un año.  Comercio y Justicia dialogó con el letrado sobre cómo se prepara para asumir en un panorama tan complejo.

-¿Por qué cree que la Corte decidió resolver el planteo de Luis Juez a pocos días de la renovación del Consejo?

– Yo creo que es importante que la Corte se haya expedido porque ha puesto las cosas blanco sobre negro y ha planteado reglas claras para la conformación del Consejo de la Magistratura por parte del estamento político. Yo estoy de acuerdo con la forma que se ha expedido, de lo contrario habríamos estado en una incertidumbre respecto de la conformación de los bloques; la mayoría y la minoría. Me parece bien que se haya expedido antes de la conformación definitiva, creo que hay que respetar el fallo de la Corte y respetar la ley.

– ¿No cree que la Corte avanzó sobre cuestiones que atañen estrictamente al ámbito político?

-Yo entiendo que todos los actos que conforman procedimientos irregulares son susceptibles de revisión judicial. En este caso, la Corte declara nulo un acto legislativo y señala que esa forma de interpretar la conformación  de los bloques es inoponible a la integración del Consejo de la Magistratura y deja en claro que no hubo elecciones legislativas que dieran sustento a la que se pretendió hacer artificialmente.

– ¿Y cómo va a funcionar el Consejo en este panorama?

-Yo me encontré en un panorama similar en el año 2015; en ese momento trabajamos para lograr confiabilidad entre los consejeros y consejeras; se trabajó mucho. Yo creo que la secuencia es: trabajo, diálogo y consensos. Es nuestra obligación trabajar en eso, todos sabemos que es un órgano complejo, es un órgano mixto, político e institucional y todos tenemos que trabajar y dialogar porque tenemos la responsabilidad para encontrar los consensos necesarios para elevar las ternas, resolver denuncias contra magistrados y administrar los recursos económicos financieros del Consejo.

–  ¿Está de acuerdo con que los consejeros se dediquen exclusivamente a la tarea del Consejo?

-Sí, estoy de acuerdo con la dedicación exclusiva. Cuando he sido consejero le he dedicado la totalidad de mi tiempo a la función, estoy de acuerdo con la dedicación exclusiva de los estamentos no políticos. 

Entiendo que es necesario porque es un órgano que requiere mucho trabajo y, además, porque requiere incumbencias y atribuciones que son incompatibles con el ejercicio de otras funciones.

-Para mejorar el funcionamiento del cuerpo ¿hay que modificar los reglamentos de concursos o cambiar la ley del Consejo de la Magistratura en el Congreso?

-Las dos cosas, primero hay que adecuar el reglamento de los concursos para hacerlo más eficiente; segundo, hay que reformar la ley porque el Consejo en estos 22 años de funcionamiento efectivo ha tomado funciones que es necesario que la ley contemple: Escuela Judicial, auditorías, definición de puntaje de las etapas de los concursos, plazo legal para que el Senado preste acuerdo.

-¿Cuáles son las prioridades sobre las cuales tiene que trabajar este nuevo Consejo?

-Lo primero que hay que hacer es avanzar con los concursos y la elevación de ternas, también hay que trabajar para dar rápida respuesta a los trámites donde se analiza el desempeño de los magistrados. En tercer lugar hay que optimizar los recursos y darle mayor celeridad al tema de la infraestructura de los tribunales. Finalmente, le sumaría trabajar en lo que hace a la  transparencia, auditorías y sistema de control de gestión. 

Quiénes deben jurar este viernes

En esta semana se espera que tomen juramento los 12 representantes que ya fueron elegidos el mes pasado, es decir de los jueces, los abogados y los académicos. Es así porque el viernes 18 será el último día hábil del mandato de los actuales 20 miembros que vence el domingo 20.

En el estamento de los jueces, quienes participarán del período 2022-2026 serán Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal junto con Agustina Díaz Cordero; el magistrado de San Martín (Buenos Aires) Alberto Lugones; y por la tercera lista asumirá María Alejandra Provítola.

Entre los abogados, la oposición tenía tres representantes propios (Carlos Matterson, Diego Marías y Jimena de la Torre), pero perdió un lugar. Miguel Piedecasas vuelve con el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR) y seguirá Jimena de la Torre, quien fue la número 2 de la AFIP en la gestión de Mauricio Macri. La lista de representantes de la abogacía se cierra con el ex diputado Héctor Recalde y María Fernanda Vázquez. Esta última integrará el bloque que responde al decano de la Universidad de Lomas de Zamora (Buenos Aires), Diego Molea, en el que también estarán los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit.

Horacio Rosatti seguirá presidiendo el Consejo y Gerónimo Ustarroz continuará como el representante del Poder Ejecutivo.