Los juicios por obra pública se dirimen en la Justicia contencioso-administrativa

En un planteo de una empresa contratista en contra de un municipio respecto de una obra contratada, el tribunal interviniente declaró la incompetencia del fuero Civil y Comercial [privado] Al observar que en las cuestiones en las que se discutan los términos de una obra pública se debe acudir al fuero Contencioso-administrativo, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba revocó la resolución de primera instancia en ese fuero que rechazó la excepción del incompetencia por la demandada Municipalidad de Santa Rosa de Río Primero, en un pleito en el que la demandante Tecon Constructora SRL pretendía del municipio el pago de 95% de la obra realizada según el convenio suscripto oportunamente y que, además, se fijara un plazo para el pago y se ajustara el monto conforme el costo de vida de la construcción o la aplicación de normativa sobre mayores costos existentes en la provincia. El tribunal integrado por los vocales María Rosa Molina de Caminal, Jorge Miguel Flores y Rubén Atilio Remigio precisó que la pretensión se sustenta un contrato de obra pública celebrado ente las mencionadas municipalidad -en su calidad de contratante- y empresa contratista, por el cual ésta se comprometió a ejecutar la obra consistente en un canal de desagüe denominado Sistematización de Cuenca Aporte Laguna La Ciénaga (Ampliación). El fallo continuó relatando que el actor adujo haber cumplido 95% de la obra y que, ante la mora en el cumplimiento de la demandada de liberar la traza, se labró un acta acuerdo por el cual se pactó un nuevo plazo de espera de 90 días a fin que la Municipalidad obtuviera los permisos de paso de los propietarios; y que, vencido ese plazo e incumplido, se daba por rescindido el contrato de mutuo acuerdo. En la misma acta de dejaba constancia de que se encontraba ejecutado 95% del contrato de obra. A su vez, la decisión consideró que para la jueza a quo la competencia contencioso-administrativa era de excepción y conforme el art. 2, inc. c), de la ley 7182, y art. 178 de la Constitución Provincial estimaba que la pretensión no encuadraba en el reconocimiento de un derecho de naturaleza administrativa sino uno de índole estrictamente patrimonial, como lo es la falta de fijación de plazo para el pago de sus servicios y su cumplimiento, siendo en consecuencia una cuestión ajena a cuestiones propias del derecho administrativo. Apreciaciones Bajo esas premisas, la Cámara indicó que, sin perjuicio de las apreciaciones del a quo, de la lectura del convenio celebrado entre las partes así como del acta acuerdo, surge que la razón del mentado acuerdo es que la empresa constructora -dice- no dispuso la liberación de la traza para continuar con las obras de canalización por las demoras de la contratista (Municipalidad de Villa Santa Rosa) en obtener los permisos de los productores propietarios de los fundos en donde debe ejecutarse la canalización (Acta Acuerdo). Los jueces señalaron que en el supuesto de marras el contrato se celebra en el marco de la realización de una obra pública, por lo que la cuestión debía ser revisada a la luz de lo establecido en la Ley de Obras Públicas 8614, título X, denominado “Jurisdicción e impugnaciones”, que en el art. 72 prescribe: “Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los contratos de obras públicas (...) deberán debatirse ante los tribunales en lo contencioso-administrativo de la ciudad de Córdoba”. Es así que la Cámara concluyó que por aplicación del principio de superioridad jerárquica no resulta otra solución que resolver la cuestión de autos a favor de la competencia del fuero Contencioso-administrativo pues para resolver sobre la condena al pago, la fijación de un plazo y forma de adecuación del monto, debe partirse de la interpretación del contrato, “extremo que se encuentra comprendido en el art. 72 de la Ley 8614, dispositivo normativo no valorado por el a quo en su oportunidad”. En definitiva, en el fallo se resolvió hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada, Municipalidad de Villa Santa Rosa de Río Primero, y revocar en todas sus parte la resolución dictada por el juez de Primera Instancia y 37ª Nominación en lo Civil y Comercial, acoger la excepción de incompetencia y ordenar que debe entender en el presente el fuero Contencioso-administrativo. Descargá el fallo [/privado]

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