ESCUCHARSe analiza la posibilidad de que sean los jueces de Control quienes ordenen las preventivas. Hay posturas contrapuestas y sigue el debate. Por ahora, en la Unicameral sólo ingresó una iniciativa de modificación del artículo 281 del CPP. Dudas de los abogados. Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia
La necesidad de la reforma de los códigos procesales de la provincia de Córdoba ha sido admitida por todos los operadores judiciales y fue una de las promesas del gobernador Juan Schiaretti antes de asumir su mandato. Pese a todo y a poco de promediar la mitad de año, el Ejecutivo sólo ha podido girar a la Legislatura Unicameral un proyecto de ley relativo al dictado de las prisiones preventivas, que lejos está de considerarse una reforma integral del Código Procesal Penal (CPP) cordobés.
Aunque el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, a cargo de Luis Angulo, viene trabajando en la materia y se ha reunido con diversos actores del ámbito judicial, parece difícil acordar una iniciativa que conforme a todos los involucrados y alcance el consenso necesario para transformarlo en un proyecto de ley a debatir en la Unicameral.
Según pudo conocer Comercio y Justicia de fuentes que fueron consultadas por el ministro Angulo, hay varios aspectos que se están discutiendo sobre el CPP. Uno de ellos tiene relación con la decisión de quitarles a los fiscales la potestad de ordenar la detención de los ciudadanos y, dejar esta facultad exclusivamente para los jueces de Control.
La propuesta cuenta con el apoyo de los abogados del fuero local, quienes son precisamente los que impulsan esta idea bajo la premisa de que la restricción de la libertad de una persona es “muy delicada” y debe ordenarla un juez.
Los magistrados, en contrapartida, plantean sus dudas respecto de la posibilidad de operativizar esta idea. Ocurre que la cantidad de fiscales en el organigrama del Poder Judicial triplica la cantidad de jueces de Control, lo que podría llegar a generar un “cuello de botella” que haga demorar detenciones que deben dictarse, muchas veces con carácter de urgente. En la agenda también se debate la posibilidad de que la Cámara de Acusación pueda resolver las causas de menor envergadura con salas unipersonales, en un intento por descongestionar este tribunal y darle más celeridad al proceso.
Parche
Mientras la discusión continúa, el ministro de Justicia, el gobernador Schiaretti y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, resolvieron enviar un proyecto de ley que ingresó a la Legislatura el día 8 pasado.
La iniciativa está siendo debatida en las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Equidad y Lucha contra la Violencia de Género. En rigor, lo único que modifica este proyecto es el artículo 281 de la ley Nº 8123 de CPP referido a prisión preventiva, peligro de fuga del imputados y peligro de entorpecimiento.
A la discusión de sumó la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género habida cuenta de que en el texto se hace expresa referencia a las causales de las prisiones preventivas para los casos de violencia familiar.
Conocida la novedad, el Colegio de Abogados manifestó su preocupación. Consultado por Comercio y Justicia, Héctor Echegaray -su presidente- advirtió de que aprobar una iniciativa como está significará “un simple parche” que no resolverá el fondo de la cuestión.
“No es lo que habíamos acordado con el ministro”, resaltó el titular de los abogados de Córdoba.
