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Lorenzetti reclamó el “desplazamiento” de Silvio Robles, asesor de Horacio Rosatti

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Las acusaciones contra la mano derecha del presidente de la Corte genera un grave daño a la imagen pública del Máximo Tribunal, destacó el ministro en su carta. Le achacó no haber ejercido ninguna acción destinada a brindar la información sobre las imputaciones que pesan en su contra

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti le pidió al presidente de ese tribunal, Horacio Rosatti, “el inmediato desplazamiento del director General de su vocalía, Silvio Robles, por graves faltas éticas”.

“Es doloroso hacer un planteo de esta naturaleza, pero es inevitable si realmente pensamos en el país, en la institución y en la sociedad”, escribió Lorenzetti, en un documento firmado el pasado 22 de noviembre (el segundo día hábil después del balotaje que consagró presidente a Javier Milei) pero que salió a la luz sólo ahora.

Robles es el principal colaborador de Rosatti y apareció en la filtración de chats de meses atrás en supuestos diálogos con el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, intercambiando información y opiniones sobre el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la coparticipación y la disputa por una banca en el Consejo de la Magistratura.

Lorenzetti mencionó: “Han existido publicaciones en distintos medios y en redes sociales señalando que el funcionario habría tenido reuniones con diversas personas en varios casos que tramitaron ante esta Corte. En esas reuniones habría transmitido información interna acerca del estado en el que están, los votos que tienen cada uno de ellos y se habría comprometido a acelerar o demorar el procedimiento” y agregó: “Todo ello se agrava porque el funcionario invoca hablar en representación de tres ministros, a los que llama despectivamente ‘el tridente’ o ‘los tres mosqueteros’. Existen publicaciones que mencionan estos hechos, lo cual es suficiente para promover un sumario. Pero, además, hay numerosos testigos dentro y fuera de esta Corte, que deberán ser citados a declarar en el período de prueba, una vez que se ordene la instrucción del sumario”.

Lorenzetti le reprochó a Robles que no haya «ejercido ninguna acción destinada a brindar la información sobre esas imputaciones, como corresponde a un funcionario público alcanzado por el deber republicano de dar cuenta de sus actos. Por el contrario, ha dedicado todos sus esfuerzos a evitar que se aclare, sin siquiera sentir el pudor esperable frente a la envergadura y estado público de la cuestión”.

«Se ha negado a presentar su teléfono para que sea peritado y a dar cualquier tipo de explicación. Y, además de negarse, ha deducido todo tipo de recursos para evitar ser investigado. Aunque pueda objetar la legalidad del requerimiento, un funcionario de la Corte Suprema debería haber ofrecido otras vías para definir su situación”, indicó.

“Esa conducta reticente -advirtió- genera la sospecha de que algo tiene que ocultar, y ello produce un grave daño a la imagen pública de la Corte Suprema”.

Además, Lorenzetti le recordó a Rosatti: “Esta Corte, a través de su presidente actual, ha dicho que siempre hay que ponerse a disposición para el esclarecimiento de los hechos”.

“No es correcto que esa obligación recaiga sobre los demás y no sobre un funcionario de su vocalía que lo representa en todos los ámbitos públicos”, contrapuso.

Para Lorenzetti, la conducta del vocero «es un enorme daño a la credibilidad y la noción de imparcialidad que una de las partes en un proceso judicial pueda tener acceso a información privilegiada y a la elaboración de una sentencia». «Nada similar ha ocurrido en toda la historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», alertó.

En este contexto,hacia el final de la carta,Lorenzetti reclamó:

  • Que, preventivamente, se traslade a Robles a un ámbito diferente de la Corte Suprema, «siguiendo los precedentes firmados por este tribunal”.
  • Que se requiera a Robles que «presente una declaración jurada expresando su parecer sobre los hechos que se le atribuyen”.
  • Que se inicie un sumario administrativo interno con la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) como observadoras.
  • Finalmente, que los demás integrantes de la Corte sean informados de estos reclamos.

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