ESCUCHARLas noticias para el gobierno de Juan Schiaretti no son prometedoras. Ocurre que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, se sinceró ayer al admitir que es probable que la demanda que entabló la Provincia contra el Estado nacional por el PAF se torne abstracta y “carezca de sentido” en el momento en que el Alto Cuerpo se pronuncie sobre el tema.
Las declaraciones fueron realizadas por el titular de la Corte en el V Congreso Nacional de Derecho Penal que se realizó en esta capital. En ese marco, Lorenzetti advirtió que si bien a la Corte le interesa resolver rápidamente este juicio, la legislación vigente atenta contra esa posibilidad.
“Cuando se demanda al Estado nacional el proceso es muy lento, se duplican los plazos”, remarcó el magistrado que, a su vez, abogó por un cambio normativo para evitar este tipo de dilaciones. A modo de ejemplo, Lorenzetti explicó que una vez que se concrete la audiencia pública -convocada para el 15 de octubre – recién para fin de año se podría correr traslado a las partes.
Consultado por Comercio y Justicia, el abogado Aníbal Paz explicó que en este tipo de causas el Estado nacional tiene 60 días para contestar una demanda, cuando en una causa corriente los plazos se circunscriben a sólo diez días. En tal sentido, Paz coincidió con Lorenzetti sobre los dilatados tiempos procesales de este tipo de demandas que “pueden demorar años”, según confirmó.
Urgencia
En otro tramo de su declaración, Lorenzetti se mostró consciente respecto de la urgencia de arribar a una solución al conflicto entre Provincia y Nación. Así, recordó que el cuerpo que preside siempre le ha prestado mucha atención a la cuestión de los jubilados. “Nosotros tenemos que proteger a nuestros jubilados porque ellos han dado mucho por el país y no es justo que se los trate como se los trata”, subrayó.
Demanda
La audiencia pública convocada por la Corte Suprema fue fijada para el próximo 15 de octubre en el marco de la causa en la que la Provincia demandó al Estado nacional el pago de $1.220.454.813 por el presunto incumplimiento del Convenio de Armonización y Financiamiento del Sistema Previsional (conocido como PAF), firmado en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde.
En su acuerdo, el Alto Cuerpo citó al ministro de Economía, Amado Boudou, por la Nación y al gobernador Juan Schiaretti por Córdoba, aunque en su representación podrán acudir otros funcionarios designados por ellos.
Cabe recordar que el PAF surgió como consecuencia de la crisis económica y financiera que atravesó el país a principios de siglo. Mediante este programa el Gobierno nacional estaría obligado a brindarle asistencia a la Provincia de Córdoba para paliar el déficit de la caja previsional provincial.
Según la demanda, el Estado nacional debería financiar el déficit global de su sistema previsional, en lo que respecta a los regímenes no transferidos a esa jurisdicción.
Córdoba manifestó que sin el dinero que, según argumenta, le debe la Nación, no podría cumplir con sus compromisos con la clase pasiva de aquí hasta fin de año.
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