Lo resuelto por la cámara se apartó de lo que se debatía originalmente en la causa

La discusión se entabló por la no entrega de un inmueble, reconocido por la demandada como pago de una locación de obra, y no sobre el valor en sí de las tareas realizadas por la parte actora

Al entender que la cámara interviniente se extralimitó, ya que en la discusión no se trataba el valor de los trabajos de albañilería realizado por los accionantes, sino el incumplimiento contractual de la demandada, quien se había comprometido saldar con la entrega de un lote la deuda por aquellas tareas, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) hizo lugar a la casación de la parte actora y revocó la reducción del monto de la condena -realizada por la alzada- a la cuantificación de los trabajos descriptos al inicio y no al valor del terreno, por considerarlo excesivo.

Los actores estimaron provisoriamente el monto de la demanda en $140.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba. En forma subsidiaria dejaron la cuantía librada a lo que el juez “estime corresponder como pago del precio de la obligación adeudada por la demandada”.

Los demandantes relataron que en junio de 2011 suscribieron con el demandado un contrato de locación de obra mediante en los términos antes descriptos; esto es, tareas de albañilería a cambio de un lote cuya escritura se otorgaría cuando estuviera concluido su trabajo, lo que aconteció en julio de 2013, no cumpliendo la contraria su obligación lo que les impidió su derecho a cobrar el precio acordado.

La demandada reconoció el contrato, pero sostuvo que no pudo cumplir con su parte debido a que encargó a un ingeniero un plano de mensura y subdivisión para efectivizar la transferencia de dominio sobre el lote ofrecido, debiendo encargarle esa tarea a otra profesional ante la demora del primero. Aseguró la accionada haber entregado la posesión del inmueble a los actores, restándole sólo cumplir con la subdivisión del lote, lo que no ocurrió por demora ajena a su voluntad.

En primera instancia se enmarcó la causa como una acción tendiente al cobro de daños derivados de una resolución contractual mediante el reclamo del valor del bien prometido como contraprestación por las tareas de albañilería y se entendió que la cuestión pasaba por determinar si la demandada había sido negligente o no en el cumplimiento de la obligación de transmitir el bien.

Al analizar la prueba, el grado consideró que la mora era imputable a la accionada y fijó una indemnización de $553.287,53 más intereses, tomando en consideración la tasación del inmueble.

Agravios

La demandada apeló expresando tres agravios: 1) insistió en que debió haberse impetrado una demanda judicial de fijación de plazo para el cumplimiento de la obligación; 2) argumentó que su parte fue diligente, achacándole responsabilidad al primer ingeniero y 3) fustigó el procedimiento y el parámetro adoptado para determinar el monto de la indemnización.

La cámara desechó los dos primeros, pero aceptó el último cuestionamiento, reduciendo sustancialmente el monto de la condena, lo cual motivó la casación de la actora.

Allí, el TSJ integrado por los vocales María Marta Cáceres, Domingo Sesin y Luis Angulo indicó que la alzada analizó el agravio en cuanto a que el precio originario de la obra era de $25.000, concluyendo que la condena a pagar el valor del inmueble provocaba una ventaja patrimonial desmedida para los actores.

Bajo esas premisas, el fallo sostuvo que la simple lectura de la reseña efectuada permite detectar la configuración del déficit endilgado al pronunciamiento de alzada, al argumentar que de las propias constancias de la causa surgió que la única controversia habida en la primera instancia radicó en la existencia o no de mora en el cumplimiento de la obligación sobre el lote prometido.

Ello evidencia que la alzada al analizar los términos de la contratación revisó si lo pactado respetaba o no el equilibrio entre las prestaciones y decidir en función de ello, incurre en la violación al principio de congruencia al alterar los términos de la litis originaria.

Vicio

El Alto Cuerpo remarcó que la existencia del vicio se revela evidente cuando el órgano jurisdiccional se vio obligado a formular ponderaciones acerca de las tareas de albañilería sin que nada de ello haya sido objeto de debate y prueba, lo que demuestra con creces la restricción al derecho de defensa en juicio que la solución genera a la parte actora.

El TSJ consideró que si no se esgrimió como defensa que lo debido eran sólo los $25.000 originarios, ni se debatió en la causa en qué consistió y cuánto costaba en promedio la mano de obra encomendada, la demasía que propone el tribunal carece de fundamento e importa una indebida alteración de los términos litigiosos.

Así, se sostuvo que el déficit del fallo de la cámara se produjo al variar los términos iniciales de la litis; error que se gestó al hacerse eco del agravio tardíamente introducido por la accionada, quien procuró reencauzar su estrategia defensiva haciendo foco en el valor originario de las tareas constructivas que menciona el contrato, respecto de lo cual nada dijo en la etapa procesal oportuna.