ESCUCHARSegún datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el 20 de diciembre de 2023 el protocolo antipiquetes se aplicó 310 veces, se movilizaron 50 mil efectivos y se concretaron unas 50 detenciones.
El relevamiento de la cartera que conduce Patricia Bullrich incluye los operativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en la zona de Congreso, cuando se debatió la Ley Bases, y las últimas marchas piqueteras que se hicieron sobre la avenida 9 de Julio.
Reportó que el poder de convocatoria de las organizaciones piqueteras se debilitó. También detalló que las últimas concentraciones, en la mayoría de las cuales se aplicó el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, conocido como “Protocolo Antipiquetes”, fueron impulsadas por gremios vinculados al estado, como ATE y SUTEBA, y que en el grueso se cuestionó la decisión del Gobierno de despedir o no renovar contratos a empleados de organismo del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el extinto Ministerio de la Mujer o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El documento precisó que los piquetes en la CABA promovidos por organizaciones de izquierda, como el Polo Obrero (PO) y de movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), disminuyeron un 50% desde el 20 de diciembre de 2023 al 14 de julio pasado. La merma se dio también en el resto del país.
Potenciar Trabajo
En 2023 se hicieron casi 8.000 piquetes en el país, de los cuales unos 1.500 se realizaron en la CABA. La mayoría fueron encabezados por organizaciones piqueteras.
Los dirigentes sociales perdieron influencia y que varias causas en trámite por la presunta comisión de delitos en contra de beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo.
La habilitación de la Línea 134 por parte del Ministerio de Seguridad, días antes del 20 de diciembre del año pasado, cuando el PO convocó a la primera marcha en contra del Gobierno de Javier Milei, fue clave para detectar presiones.
Hasta el 12 de junio, se registraron 167.937 denuncias por extorsión contra dirigentes sociales y piqueteros. De ese total, en 10.071 casos las personas que llamaron aportaron datos que se sumaron a las causas que tramitan los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo, entre otros.
Belliboni fue imputado e indagado por Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales y administración fraudulenta contra el Estado, por el uso de facturas falsas para rendir los gastos por los fondos públicos que recibía para las unidades de gestión vinculadas al ex programa Potenciar Trabajo.
Movimiento Evita
La semana pasada, el legislador de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC) en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, expresó su preocupación por lo que definió como el “nulo avance” en la causa contra Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, tras las denuncias por el manejo fraudulento del programa Potenciar Trabajo.
En sus redes sociales, Reyes anunció que, junto a Elisa Carrió, ya presentó una nota ante el jefe de los fiscales de la Nación, Eduardo Casal, y manifestó: “Es llamativo que, mientras avanza la causa contra el Polo Obrero, que recibió el 1,5% del dinero distribuido, no se sepa nada sobre Emilio Pérsico, quien administró el 100% de los recursos y asignó más del 50% a cooperativas del Movimiento Evita”.
Reyes aseguró también que el Gobierno no respondió los informes requeridos y que el fiscal del caso no tomó ninguna medida en los últimos dos años. “Si no se investiga a fondo, estamos ante un simulacro. Los únicos perjudicados son los pobres, que fueron usados para financiar política y ahora son olvidados”, sumó.
El legislador recordó que el Movimiento Evita recibió 35 mil millones de pesos entre 2020 y 2022; en sus palabras, “una fortuna desviada en su mayoría para hacer política”. En esa línea, precisó que denunciaron en agosto de 2022 y que el fiscal Eduardo Taiano no ordenó allanamientos para obtener las rendiciones de cuentas.
“Dos años después, no hay obras, capacitaciones, dinero ni facturas. La Justicia no se mueve y Pérsico sigue impune. Es incoherente investigar al Polo Obrero y mantener la impunidad de Pérsico. La Justicia debe ser imparcial y para todos”, enfatizó.
Protocolo
En febrero pasado, la Sala II de la Cámara Federal porteña declaró la nulidad del decisorio de Casanello que exhortó al Ministerio a cargo de Bullrich a “adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por el sistema constitucional de derecho”.
Desde que se presentó el planteo contra la legalidad del protocolo y se reclamó la inconstitucionalidad de su aplicación, hubo diferentes declaraciones de incompetencia en varios fueros. Finalmente, quedó radicado en el Juzgado Federal 7, a cargo de Casanello, quien le dio trámite de habeas corpus.
Exhortaciones
Al declarar la nulidad del fallo del magistrado, la Cámara evaluó que “constituyó emitir desde sede judicial una serie de declaraciones de alcance general con la única finalidad de realizar exhortaciones a otro poder del Estado”.
“Lo dispuesto contradice la noción de que no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos”, remarcó el voto mayoritario.
Además, estimó que Casanello analizó que sobre el fondo de la cuestión pese a que no se cumplieron los pasos procesales necesarios para la solución de la causa, como el derecho de la demandada a ser oída, ni aportó ninguna prueba para acreditar los “apartamientos concretos de las cláusulas constitucionales y legales” que invocó, o el alcance de otros derechos en juego, ni analizó en qué carácter o legitimación cabría convocar a quienes introdujeron la acción.
