ESCUCHARLa Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó reabrir una investigación contra el dueño del medio El Destape, Roberto Navarro, por supuesta incitación a la violencia, por declaraciones que hizo sobre sus colegas Luis Majul, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y Jonatan Viale.
La denuncia de Majul inició el caso y luego se sumó Feinmann, pero Navarro fue sobreseído en primera y en segunda instancia.
Ahora, los jueces de la máxima instancia en lo penal federal Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques anularon la decisión.
Las expresiones de Navarro que derivaron en la pesquisa se produjeron el 15 de agosto de 2022, cuando dijo: “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara”. Y agregó: “El Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también”.
A su turno, la jueza María Eugenia Capuchetti cerró las actuaciones por inexistencia de delito. La Cámara Federal la respaldó, pero Feinmann recurrió y la Casación Penal reactivó el expediente para que se analice si el dueño de El Destape delinquió.
“Los argumentos desplegados son insuficientes para sustentar la confirmación de la desestimación de la denuncia”, señaló el tribunal.
“Objetivamente, existen elementos tales como el contenido mismo de las manifestaciones y el medio empleado para proferirlas que impiden descartar la acusación”, sumó.
En ese sentido, la CFCP advirtió que la libertad de expresión y de prensa debe ser prudentemente evaluada en armonía con conductas socialmente disvaliosas
Además, consideró que el “exaltado clima político” no favorece una delimitación conceptual rígida de la libertad de expresión porque el objeto y los sujetos involucrados en el caso “suscitan reacciones viscerales y ruidosas disputas por escrito en los medios y redes sociales”.
“No puede haber libertad de expresión subalternada a las pulsiones partisanas o la voluntad de dominar, denigrar, inferiorizar, cancelar, perseguir, vulnerabilizar, o percutir situaciones de odio, violencia o descalificación injustificada”, añadió.
Sostuvo también que “el carácter nocivo de ciertas expresiones y discursos, especialmente cuando son proferidos a través de medios masivos de comunicación, debe ser analizado en relación a la forma de su emisión, a las circunstancias en que llegan a los receptores, y a los efectos reales o potenciales que el mensaje puede producir en ellos”, y aclaró que ello vale “cuando las víctimas son destinatarias directas (como en las ofensas personales o en las amenazas), y también cuando las consecuencias son indirectas (como en la provocación a la violencia o la discriminación), en las que los damnificados eventuales son exteriores o ajenos a la situación comunicacional”.
