ESCUCHARSe espera que mañana los autores de proyectos expongan en la Cámara de Diputados y la semana próxima comience una ronda de consultas con especialistas. La Defensora General de la Nación y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, ya plantearon sus objeciones
En las comisiones de la Cámara de Diputados se retomará este martes el debate sobre la edad de punibilidad y la modificación de la Ley de Régimen Penal Juvenil.
El Gobierno nacional pretende bajar la edad de punibilidad a 13 años presentando ciertos argumentos relacionados a la reincidencia. La primera reunión de comisión para debatir esta iniciativa evidenció que el Gobierno necesitará avanzar en acuerdos con los bloques dialoguistas y aceptar cambios para poder conseguir la sanción de la ley , ya que el kirchnerismo y la izquierda rechazaron de plano la iniciativa
En la primera reunión de comisiones, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que “resulta indispensable” reformar la ley del Régimen Penal Juvenil ya que la norma actual “permite que los delitos cometidos por menores de 16 años queden impunes”.
A partir de mañana se espera que expongan los autores de proyectos que presentaron diputados de diferentes partidos políticos. El 14 de agosto, en tanto, comenzará una ronda de consultas con especialistas.
Cabe destacar que en Argentina, a nivel nacional, en materia penal, para los adolescentes sigue rigiendo un decreto-ley firmado en el año 1980 por el dictador Jorge Rafael Videla, que fue modificado antes de la recuperación de la democracia y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2008 .
No obstante ello, allí la CSJN ya había concluido que “el régimen de la ley nº 22.278 no ha sido aún ajustado a los estándares prescriptos por la Convención sobre los Derechos del Niño”.Desde el año 2002, se solicita al Estado argentino que “derogue la Ley Nº 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil.
En los últimos 20 años, hubo más de 100 proyectos frustrados para establecer un nuevo cuerpo normativo referido a los delitos cometidos por adolescentes y niños.La última vez que lo impulsó un oficialismo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, que planteaba la baja de inimputabilidad a 15 años. Lo presentó en el último año de su mandato.
La mayoría de los textos presentados por la oposición coincide en bajar la edad de imputabilidad, pero a los 14 años. El anteproyecto del Gobierno de Javier Milei reduce la edad de punibilidad a 13 años de edad, para todos los delitos.
Además del anteproyecto del Gobierno hay al menos otras siete iniciativas con estado parlamentario. Entre ellas de Cristian Ritondo (PRO), de Carla Carrizo (UCR), de Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal), y Eugenia Alianello y Agustina Propato de Unión por la Patria. Además de otros textos de La Libertad Avanza.
El debate sobre la edad mínima de responsabilidad penal juvenil es muy amplio. En algunos Estados es de 14 años (Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Colombia) y en otros incluso es de 12 años (Brasil, Costa Rica, Honduras, México, Ecuador).
Si analizamos las últimas estadísticas penales, en CABA los “no punibles” (menores de 16 años) que ingresan al sistema penal representan el 0,4% de los adolescentes y de los delitos cometidos por “no punibles”, los homicidios constituyen únicamente el 0,7%.En Córdoba, el porcentaje de homicidios cometidos por niños o adolescentes menores de 16 años es solamente del 2%”.
Cuestionamientos
La Defensora General de la Nación y Coordinadora del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Stella Maris Martínez, y la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, firmaron un documento donde presentaron observaciones al proyecto de ley.
En el documento presentado en Diputados exigieron que el debate sobre la reforma de la justicia penal juvenil excluya la baja de edad de punibilidad y el endurecimiento de las penas. Por otra parte, plantearon la necesidad de utilizar medidas alternativas al proceso y a la pena, la privación de libertad sólo para casos excepcionales y garantizar la especialización de la justicia penal juvenil.
La presentación plantea que el proyecto pone a la pena privativa de libertad como eje de intervención en todos los delitos. “Esto se verifica al analizar la regulación de las medidas alternativas al proceso (principio de oportunidad, mediación y suspensión del juicio a prueba), cuya procedencia está sujeta a una cantidad de requisitos que torna ilusoria su aplicación real”, remarcaron.
