ESCUCHARLas 177 solicitudes fueron formuladas por 137 imputados y condenados en las distintas jurisdicciones del país. Se otorgaron 34 beneficios. De un total de 63 recursos de casación, 47 ya se resolvieron y 16 aún están pendientes
Desde el dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 260/20 por el Poder Ejecutivo Nacional se recibieron 177 solicitudes de arresto domiciliario en causas por delitos de lesa humanidad.
Las formularon 137 procesados y condenados en las distintas jurisdicciones del país. La diferencia entre el número de pedidos y la cantidad de personas está dada porque hay casos en los cuales un encausado tiene más de un expediente o presentó más de un reclamo.
Los datos surgen del relevamiento estadístico efectuado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) a partir de la información aportada por las fiscalías que integran el organismo.
La PCCH también confeccionó un compendio que agrupa las decisiones jurisdiccionales hasta el 24 de abril, según se trate de fallos de primera instancia (instrucción o juicio) o de apelaciones, ordenadas por sección judicial.
El documento que difundió la procuraduría especializada detalla que de un total de 177 solicitudes para acceder a arrestos domiciliarios o excarcelaciones, 127 fueron denegadas (72 por ciento), prosperaron 34 (19 por ciento) y hay 16 planteos (nueve por ciento) que todavía se tramitan.
En tanto, puntualiza que en los 34 supuestos en los que se acordaron beneficios, en 25 se concedió el arresto domiciliario efectivo, en ocho se dispusieron medidas provisorias y que en uno se habilitó la excarcelación del involucrado.
Pendientes
En cuanto a los recursos de casación que promovieron tanto las defensas como los representantes del Ministerio Público Fiscal, la procuraduría aclaró que como los primeros no son siempre notificados a las fiscalías, es posible que existan algunos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal, y expuso que, de 63 casaciones, 47 (75 por ciento) ya se resolvieron.
En los 34 supuestos en los que se acordaron beneficios, en 25 se concedió el arresto domiciliario efectivo, en ocho se dispusieron medidas provisorias y en uno se habilitó la excarcelación.
