ESCUCHARMás de la mitad de los encausados era juez al momento de los hechos. En tanto, 20 por ciento tenía cargos de secretarios; 19 por ciento era fiscal y ocho por ciento se desempeñaba como defensores oficiales
Actualmente, en Salta, La Rioja, Mendoza y Chaco, entre otras provincias, se está indagando sobre la presunta responsabilidad de integrantes del sistema de administración de Justicia en la comisión de delitos de lesa humanidad.
Un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) refleja que están siendo investigadas 48 personas, tanto en etapa de instrucción como de juicio.
El informe precisa que más de 50 por ciento de los encausados era juez al momento de los hechos; 20 por ciento tenía cargos de secretarios; 19 por ciento era fiscal y ocho por ciento se desempeñaba como defensores oficiales. En tanto, detalla que sólo 13 obtuvieron sentencia (once condenas y dos absoluciones).
La semana pasada comenzó el debate que involucra a Ricardo Lona, ex magistrado federal de Salta.
Llegó acusado por los delitos de prevaricato, encubrimiento y omisión de perseguir a los responsables del secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone.
De acuerdo con la imputación, su accionar garantizó la impunidad a los autores y partícipes del hecho en el que resultó asesinado un hombre y herida una mujer testigos del ataque.
El proceso se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal Número 2 de Salta. El fiscal general Carlos Amad representa al Ministerio Público Fiscal (MPF).
El viernes, por otra parte, terminó ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja el juicio por los delitos sufridos por 14 víctimas.
Una de las condenas recayó sobre el ex juez Roberto Catalán, quien fue juzgado como partícipe secundario de un homicidio, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y tormentos, y finalmente condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento. Por el MPF intervinieron Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz.
Por otra parte, en San Juan continúa el juicio conocido como “Megacausa III”, con 35 acusados. Allí, otro ex funcionario judicial está siendo juzgado por su presunta participación en delitos de lesa perpetrados durante el terrorismo de Estado.
Se trata de Juan Carlos Yanello, quien se desempeñaba como fiscal y llegó a juicio acusado de ser partícipe primario de homicidio agravado (13 casos), privación abusiva de la libertad (65 casos), tormentos agravados (63 casos), robo y violación (dos casos) cuando ejercía. Interviene el fiscal general de Mendoza Dante Vega.
El mes pasado comenzó ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, el juicio al ex fiscal federal Domingo José Mazzoni.
Se le endilgan cinco hechos de privación ilegal de la libertad y cuatro por imposición de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político.
A ello se suma incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad e incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento.
A ese proceso estuvieron vinculados -con procesamiento firme- el ex juez federal Luis Ángel Córdoba y el también ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, quienes fallecieron antes del inicio del debate.
El MPF había señalado en su requerimiento de elevación a juicio que los entonces funcionarios judiciales habrían ofrecido “el aporte necesario para que el personal policial y/o militar pueda llevar adelante la ejecución de los delitos”.
Bajo esa premisa, argumentó que esa “inacción de la Justicia Federal de Chaco”, consistente en no realizar las investigaciones respecto de las denuncias que llegaban a su conocimiento, dio “un marco de impunidad”.
Participan del debate el fiscal general Federico Carniel y los integrantes de la Unidad de Derechos Humanos Amad, Patricio Sabadini -fiscal federal- y Diego Vigay -fiscal ad-hoc.
De acuerdo con datos recopilados por la PCCH al 1 de agosto, 35 personas de las 48 bajo investigación (73 por ciento) aún no han obtenido sentencia; 27 tienen ya una resolución de mérito (procesamiento, falta de mérito, sobreseimiento) y respecto de ocho aún resta que se resuelva su situación procesal.
