A diez años de la sanción de la ley 26683, que produjo una reestructuración integral del delito de lavado de activos de origen ilícito, se ha registrado una creciente multiplicidad de investigaciones judiciales y una significativa cantidad de condenas.
Según un reciente relevamiento realizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), desde la sanción de la ley se ha dictado un total de 31 sentencias de condena por el delito de lavado de activos en sus diversas modalidades, que abarcaron un total de 136 personas y se aplicaron sanciones a 31 personas jurídicas. De ese universo, 33% responde a casos que incluyen la modalidad prevista en el inciso 3 del artículo 303 -que pena a quien recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en las operaciones de lavado-. En igual medida, en 33% de las sentencias se trató de la modalidad agravada prevista en el inciso 2. Finalmente, 61% se resolvió por vía de juicios abreviados.
Cabe destacar que 58% de las sentencias dictadas tiene la narcocriminalidad entre los delitos precedentes identificados durante la investigación. En lo que respecta a la distribución territorial de las condenas, 51% se produjo en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.