ESCUCHARLa jueza de Control Cristina Giordano aseguró que faltan recursos para garantizar los derechos básicos de las personas que tienen algún tipo de padecimiento psíquico. Cómo enfrenta el desafío el Poder Judicial de Córdoba
“Salud Mental y sus implicancias en el fuero penal” fue el tema elegido por la jueza de Control de 6 ° Nominación de la ciudad de Córdoba con competencia en violencia familiar, Cristina Giordano, para abrir su charla en la segunda jornada del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que se desarrolla en el Consejo Médicos de la ciudad de Córdoba.
Cómo armonizar el espíritu de la ley de salud mental con los limitados recursos que cuenta el Poder Judicial para hacer frente a situaciones cotidianas y repetidas de violencia doméstica fue uno de los ejes de la charla que la magistrada mantuvo con Comercio y Justicia, tras su disertación en una sala repleta de asistentes.
“Trabajar en red y con creatividad” son las herramientas a los que acuden los operadores judiciales cuando los recursos son escasos y los casos crecen exponencialmente de la mano de la crisis económica que sufre el país, explicó Giordano en esta entrevista.
Las últimas estadísticas muestran que se han reducido las medidas de seguridad curativas en el marco de la ley de salud mental y la creación de la Oficina de Internaciones Involuntarias.
-¿Cómo están trabajando en su juzgado, habida cuenta de que ustedes tienen bajo su órbita los casos de violencia familiar?
-Sin dudas ha cambiado el paradigma. La ley de salud mental se detiene, quizá en lo que sea su núcleo central, en la cuestión de las internaciones involuntarias. Algunos piensan que la ley prohíbe las internaciones, y no es así. La ley lo permite, pero con una serie de recaudos legales de protección de derechos. En ese sentido, desplaza como causa de internación a la peligrosidad para reemplazarla por el riesgo cierto e inminente. Por lo cual si bien la medida de seguridad aún se encuentra prevista en el artículo 34 del Código Penal, su uso debe estar debidamente justificado, incluso buscando otras alternativas menos gravosas para la persona, como hospitales de día, casas de medio camino, etc.
El Estado debe garantizar la salud de la población y para ello debe tener hospitales en buen estado, con mucho presupuesto, que permita que los pacientes puedan sostener su tratamiento. La medida de seguridad curativa -como la llamamos- de curativa tiene muy poco. Por lo cual estamos llamados a reflexionar y crear nuevas respuestas, lo que en los casos de Violencia Familiar, se hace más agudo porque los propios victimarios muchas veces son las únicas personas con la que cuenta la persona atravesada por un sufrimiento psíquico y no tiene nadie más a quien acudir o quien la proteja.
– ¿Cómo hacen los jueces para armonizar la falta de recursos y dar cumplimiento a lo que ordena la ley de salud mental?
– Ahí está el quid de la cuestión. Las instituciones de salud mental trabajan con sus equipos en forma interdisciplinaria, apostamos al diálogo entre las distintas disciplinas, no solo a sumar la opinión de cada uno, sino al abordaje integral de cada caso para que la respuesta judicial al cerrar la causa no signifique el cierre del caso, sino que su atención y seguimiento continúe en los ámbitos estatales que debe acoger la situación. En los casos de violencia intrafamiliar esa labor es más compleja porque en muchas situaciones los pacientes tienen incluso medidas de restricción de acercamiento con las víctimas, que son su familia. Resulta evidente que el proceso penal debe cerrarse y que la conflictiva familiar y asistencial debe seguir su abordaje en otras áreas estatales como son la Salud Pública y la labor interministerial según las necesidades de cada caso.
No obstante, faltan recursos materiales y humanos, hablo de la escasez de hospitales y hogares de día, de casas de medio camino, acompañantes terapéuticos, terapistas laborales, licenciados en Trabajo Social que transiten por los lugares donde estas personas realizan su vida cotidiana y tienen sus lazos sociales.
– ¿Cuál es el volumen de causas de violencia familiar sobre el que están trabajando? ¿Siguen creciendo la cantidad?
– Las causas de violencia familiar siguen en aumento y las problemáticas se agravan y son multicausales. La crisis económica incide también en este aumento. La falta de trabajo, en algunos casos falta de vivienda, hace que muchas veces la familia termine por vivir en el mismo techo, que vuelva el hijo que se fue o el hermano que además consume alguna sustancia, y regresa a la misma casa de la madre, o padres, con los que ya tiene una restricción de acercamiento. Ante la impotencia, los padres permiten que permanezca allí, hasta que en muchos ocasiones un nuevo episodio violento se desencadena, se reitera la crisis con el consiguiente inicio de una nueva causa penal.
También vemos en algunas oportunidades, se opta por judicializar situaciones o problemáticas de salud, se acude al sistema penal como única posibilidad -en la crisis- de obtener alguna respuesta estatal, pero claramente no es el fuero penal el que en definitiva podrá responder satisfactoriamente ni a la persona con sufrimiento psíquico, ni tampoco a la víctima.
Ultimo día
De las 9 a las 18 se desarrollará hoy la última jornada del Congreso Internacional. Disertarán reconocidos peritos y forenses. Entre ellos, Mario Rosillo, encargado de la mesa sobre Odorología forense y la bióloga, Alejandra Perotti.
