ESCUCHARLa Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) es un organismo estatal independiente encargado de la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo, en jurisdicción federal, que presentó recientemente la segunda parte del boletín estadístico “Las cárceles federales en números”, en el que destacó que durante el primer trimestre de 2016 las mujeres presas alcanzaron 7% de las personas alojadas en cárceles; y los jóvenes adultos 4%.
En este sentido, la PPN consideró importante que la política penitenciaria en Argentina despliegue programas que atiendan a las especificidades propias de cada uno de estos colectivos a los efectos de que su encierro se desarrolle en un contexto respetuoso de sus derechos y necesidades particulares.
En Argentina, las cárceles federales funcionan con una ocupación cercana a 90% de su capacidad de alojamiento declarada, según los datos oficiales. Sin embargo, resulta discutible que no se registre sobrepoblación a escala general ya que el cupo informado para cada cárcel “no es creíble”, según la PPN.
“Además de que las cifras no resultan confiables porque la situación es más grave, el solo hecho de gestionar sistemas penitenciarios colmados (ocupados a 90% de su capacidad) provoca graves vulneraciones a los derechos humanos. Esta situación vuelve aún más deficitario el acceso a servicios esenciales -sanitarios, alimentos, educación y trabajo- e impide una adecuada distribución de la población, lo que pone en grave riesgo la integridad física de las personas”, destacó el informe.
El análisis del fenómeno desde un enfoque trimestral permite identificar varios ejemplos de las estrategias de ocultamiento y desinformación con que las autoridades penitenciarias “enmascaran” la situación en que se encuentran los centros penitenciarios que funcionan bajo su órbita.
A partir de febrero de 2015, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dejó de informar en sus registros oficiales la “capacidad real” (cifra referida a la cantidad de plazas disponibles para el alojamiento) y comenzó a indicar sólo la “capacidad general”, que contempla el total de plazas en cada establecimiento, incluyendo celdas o pabellones clausurados o inhabilitados. Por ende, a pesar de lo que indican las cifras publicadas, no se produjo un aumento efectivo en la capacidad de alojamiento sino que, según la PPN, se “manipuló la información”, al omitirse la publicación de los datos certeros.
“A partir del mes de septiembre de 2015, la administración penitenciaria volvió a adulterar estas cifras al incorporar como plazas propias las ubicadas en la cárcel provincial de Senillosa, Neuquén, disponibles a raíz del convenio de alojamiento celebrado entre el SPF y el servicio penitenciario de esa provincia”, afirmó.
Estructura
La “inflación penitenciaria” en Argentina se encuentra íntimamente asociada al aumento vertiginoso de las tasas de encarcelamiento iniciado en Estados Unidos en la década de 1980 y, globalmente, 10 ó 20 años más tarde.
Este incremento, por su parte, es consecuencia de la implementación de estrategias de endurecimiento punitivo, antes que del agravamiento del fenómeno delictivo.
La PPN destacó que las políticas de “mano dura” ofrecen escasas soluciones al problema de la inseguridad, al tiempo que empeoran sobremanera las condiciones en que se desarrolla la experiencia del encierro institucional.
Ante esto, un análisis multifactorial del fenómeno debe tener en cuenta el uso sistemático de la prisión preventiva, la baja utilización de las medidas alternativas a la cárcel, la reducida aplicación de institutos de libertades anticipadas, la presión de la opinión pública en los actuales debates acerca del binomio seguridad/inseguridad, entre otros indicadores que facilitan la reflexión sobre esta temática.
Al considerar los grados de ocupación de las cárceles federales y los problemas estructurales que presenta la vida en prisión, resulta urgente para la PPN la aplicación de estrategias que reduzcan el encarcelamiento masivo.
En esta línea, es especialmente problemático el uso “exacerbado” de la prisión preventiva y la privación de la libertad de mujeres embarazadas o con hijos en prisión, quienes podrían acceder -decisión judicial mediante- a la detención domiciliaria.
Violencia interna
El informe trimestral “La estabilidad de los fallecimientos violentos”, en cifras cercanas o superiores a 20 casos al año desde 2011, debe ser comprendido como el resultado de la ausencia de estrategias destinadas a modificar o desterrar las prácticas penitenciarias y judiciales que facilitan la producción de muertes en el encierro.
En este contexto, los decesos violentos han representado, en los últimos años, más de la mitad de los casos. El próximo gráfico confirma esta tendencia para el primer trimestre de 2016, cuando los fallecimientos en circunstancias violentas (por heridas de arma blanca, incendios y ahorcamientos) representan más de 50% de las muertes del período.
