ESCUCHARUno de los temas que cada vez más tienen impacto en la agenda política y de medios está relacionado con la problemática ambiental; tal vez porque resulta tan palpable como el aire que respiramos, la calidad de los alimentos que consumimos y la siempre presente ecuación entre desarrollo y sustentabilidad de los recursos.
Por Alejandra Ruiz * – Exclusivo para Comercio y Justicia
Por ejemplo, en los últimos días el protagonismo de noticias vinculadas con la cuestión, ya sea desde la seguridad, radicación, contaminación y un largo etcétera, nos ponen de cara a otro desafío: la participación ciudadana en la gestión ambiental.
Los sistemas representativos se ven cada vez más compelidos a tener presentes instancias de participación que aseguren ciertos apoyos a la toma de decisión en esa materia. Es por ello que cuando la democracia funciona bien, cada problema político que surge estimula un amplio y abierto intercambio.
Nuestro país no es ajeno a esta tendencia, que incluye mecanismos de participación desde la reforma constitucional de 1994, así com en las leyes ambientales de las distintas provincias. No es extraña la previsión de incorporar ciudadanos en comisiones, consejos y más recientemente en las evaluaciones de impacto ambiental. Córdoba, por ejemplo, ha incluido la audiencia pública y la consulta popular como requisito a cumplimentar en actividades denominadas de alto impacto ambiental. La ley 10208 reconoce el derecho a participar y opinar y habla de dinámicas y resultados entre los cuales se cita “prevenir el conflicto y contribuir a su solución”. Recordemos que la audiencia pública es reconocida como parte integrante del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de manera obligatoria pero no vinculante.
En otras latitudes -como México o EEUU- encontramos también antecedentes de cómo participar. La National Environmental Policy Act marca que las agencias deben elaborar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) cuando la propuesta implique una afectación del medioambiente significativa, pero también la cuestión de la participación incluye la amplia información, celebración de Audiencia Pública y contestación de los comentarios. Se elabora un documento llamado ROD (“Record of Decision”) que contiene la decisión final y las alternativas evaluadas.
Lo expresado es sólo a modo de apreciación, ya que siendo ésta una columna de Mediación y habiendo abordado instrumentos en otras oportunidades -y el valor de las herramientas para el tratamiento de los conflictos públicos y sociales-, resulta pertinente reflexionar cuáles son los desafíos que enfrentan organismos y ciudadanos cuando deben interactuar, marcando no sólo en qué y cuándo se participa sino y sobre todo cómo.
Las experiencias dialógicas que implican un intercambio respetuoso desafían la cultura adversarial en la que a veces se desarrollan las prácticas institucionales, aun las más democráticas. Hacerse oír por un lado y tomar decisiones sin que la consulta implique pérdida de poder en el imaginario, revela la necesidad de contribuir desde los métodos adecuados de solución de conflictos a la naturalización de los intercambios de manera constructiva.
Las experiencias desde las universidades alientan la formación de dirigentes políticos, ONG y ciudadanos en general para abordar los beneficios de una mirada centrada en un desplazamiento del paradigma confrontativo a uno colaborativo, con eje en el bien común, alentando la idea de gobernabilidad y gobernanza. Allí se presenta el desafío de crear una cultura coexistencial para beneficio de todos.
Bibliografía:
1) Foro de Ministros de Medio Ambiente de America Latina y el Caribe
2) Ley de Política Ambiental Provincial 10208
3) eLaw (Environmental Law Alliance Worldwide)
* Mediadora, docente, investigadora. UCC.
