El gobernador formoseño calificó a la diputada nacional opositora como “retrasada mental”. El bloque del PRO en diputados señaló que lo sucedido y hechos similares “deben ser repudiados transversalmente”, sin demoras
Luego de que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, calificara a la diputada nacional María Eugenia Vidal como “retrasada mental” en un acto público, el 14 de noviembre pasado, el bloque del PRO de la Cámara de Diputados expresó su repudio a través de un comunicado.
“Sabemos que para Insfrán el ejercicio de la violencia política es moneda corriente, sobradas muestras de esto vimos durante la cuarentena, cuando se reiteraron violaciones a los derechos humanos de los formoseños, como la restricción indebida la libertad ambulatoria en el territorio provincial, los abusos de la policía provincial contra las comunidades originarias y la persecución a la oposición política”, expresaron.
“No nos sorprende en absoluto que Insfrán recurra a la utilización de una condición de salud para descalificar a una dirigente política nacional, lo que es doblemente preocupante porque expresa el desprecio hacia quienes padecen una discapacidad y, además, es un claro ejemplo de violencia política de género”, enfatizó la bancada que conduce Cristian Ritondo.
Por ello, el bloque invitó al resto de la dirigencia política a condenar los dichos del formoseño.
En tanto, diputados de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
A través de un proyecto de resolución, denunciaron que el mandatario provincial profirió dichos antidemocráticos, discriminatorios y contrarios a los artículos 4, 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por Ley 26.378); el artículo 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Por ello, solicitaron la urgente intervención del INADI en los términos de las leyes 23.592 (de Actos Discriminatorios) y 24.515 (de creación del instituto).
Además, le peticionaron a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) la urgente capacitación en materia de derechos de las personas con discapacidad a los miembros del gobierno de la provincia de Formosa, así como a los integrantes del gabinete nacional que estuvieron presentes y aplaudieron los dichos del gobernador.
“Nuestro país tiene una reconocida trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos y que también se refleja en las múltiples normativas internacionales, regionales y nacionales adoptadas en el transcurso de las últimas décadas. La dirigencia, en democracia, no puede entonces ser ejemplo de incumplir leyes y pactos internacionales. Por eso, hechos como el que aquí se refiere deben ser repudiados transversalmente, sin distinción partidaria ni dilación”, fundamentaron los legisladores.