La Justicia uruguaya suspendió la definición de la extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el diputado del Parlasur y presunto “operador judicial” del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, hasta que se defina su solicitud para ser considerado un refugiado político.
La jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo, dispuso que el ex funcionario deberá constituir domicilio en Uruguay y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder.
Chamsarián resolvió frenar el proceso tras la audiencia en la cual se analizó el pedido de la jueza federal María Servini, tendiente a la captura y posterior extradición de Rodríguez Simón.
Una vez cumplido aquel acto, la magistrada uruguaya decidió poner en pausa la extradición hasta que el gobierno de Luis Lacalle Pou defina si le otorga a Rodríguez Simón el asilo político que pidió por, supuestamente, ser perseguido político en Argentina.
La defensa del requerido ya aportó a la causa la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (CORE), entre otros documentos.
El CORE es un organismo integrado por siete miembros, presidido por la Cancillería, que tiene un plazo de 90 días para expedirse, un lapso durante el cual el ex funcionario no puede ser extraditado. No obstante, la jueza uruguaya deberá analizar el reclamo de Servini y definir si cabe encarcelar a Rodríguez Simón.
Servini investiga a Rodríguez Simón en el marco de una denuncia que radicó Fabián de Sousa, que también involucra a Macri y a otras personas.
El empresario aduce que todos integraron una asociación ilícita para desapoderarlo de sus empresas y detenerlo.