El próximo 28 de junio no se realizará la consulta popular que el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, tenía previsto llevar a cabo simultáneamente con las elecciones legislativas, en el marco del conflicto con los empleados municipales.
La decisión se conoció en las últimas horas de la tarde de ayer y fue tomada por la Junta Electoral Nacional que -entre otras cuestiones- alertó sobre el escaso tiempo que resta para poder organizar una consulta de ese tipo conjuntamente con los comicios nacionales.
En su resolución, los jueces Luis Roberto Rueda, Ricardo Bustos Fierro y Aída Tarditti recordaron que ya cuentan con toda la documentación impresa y con la designación de las autoridades de mesa a quienes se les brindó cursos de capacitación que “sólo contemplaron las tareas propias y específicas de la elección nacional en marcha” y no la “situación particular que podría darse en la ciudad de Córdoba.”
Asimismo, los magistrados consideraron importante el hecho de que el votante no sea “directa o indirectamente confundido” con una doble votación.
“Es necesario allanar y facilitar el camino hacia la decisión del elector y no dificultarla, lo que puede dar lugar a que se confunda, presentándole opciones disímiles, productoras de distintos efectos”, advirtieron los jueces.
Plan
Aunque la decisión de la Junta Electoral suspende la consulta popular, desde el municipio no descartaron que ésta pueda realizarse más adelante.
Consultado por Comercio y Justicia, el secretario de Coordinación, Álvaro Ruiz Moreno, señaló que el tema está siendo evaluado y será decidido en función de la “evolución que tenga el conflicto con los empleados municipales”.
Mientras tanto y hasta que ello ocurra, ingresó ayer al Concejo Deliberante una nota en la que se pide a los ediles que le den un pronto tratamiento al proyecto que pone un límite al gasto salarial del Suoem, para que no supere la mitad de lo que ingresa a las arcas municipales.
La iniciativa deberá ser tratada en un plazo máximo que no supere los 45 días, pero tendría pocas posibilidades de convertirse en ordenanza, atento al escaso apoyo con que cuenta Giacomino en el cuerpo deliberativo.
Al respecto, la presidenta del bloque de concejales del Frente Cívico y Social, Graciela Villata, mostró su reparo y recordó que “no hace falta una ordenanza para que se decida cuánto dinero se asigna a salarios porque ésta es potestad del Intendente”.
Paralelamente, en los próximos días, Ruiz Moreno confirmó que buscarán que se reglamente en la carta orgánica el ya creado Consejo Económico y Social. La intención oficial es sumar apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil, empresarios, centros vecinales, fuerzas políticas, como una forma de asegurar la gobernabilidad en el marco de un conflicto creciente.