ESCUCHAREl consejero representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta, impulsó una iniciativa para que se digitalicen todos los expedientes que están en trámite ante la Justicia de ese distrito.
El proyecto ya fue aprobado por la comisión correspondiente y está habilitado para ser tratado por el plenario de aquel organismo.
Para concretar la iniciativa, la Secretaría de Administración General y Presupuesto de la Justicia porteña deberá digitalizar la totalidad de los expedientes en trámite que aún se encuentren en soporte papel en los fueros Contencioso-administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo y Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, de conformidad con el Protocolo de Digitalización de Expedientes Judiciales, en un plazo máximo de 240 días hábiles.
Para concretar la iniciativa, la Secretaría de Administración General y Presupuesto de la Justicia porteña deberá digitalizar la totalidad de los expedientes en trámite que aún se encuentren en soporte papel en los fueros Contencioso-administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, y Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, de conformidad con el Protocolo de Digitalización de Expedientes Judiciales, en un plazo máximo de 240 días hábiles.
Con ese fin, los titulares de los juzgados de ambos fueros deberán solicitar turno para remitir las actuaciones en soporte papel en un plazo máximo de 45 días, a contar desde la aprobación del proyecto.
Según Zanetta, la pandemia planteó la imperiosa necesidad de avanzar “lo más rápido posible en la implementación total y definitiva del expediente digital” y aseguró que ello permitirá que el trabajo judicial remoto se cumpla “de manera plena”. Asimismo, consideró que la digitalización total, sumada a las herramientas digitales con las que ya cuentan los abogados que litigan ante los dos fueros porteños, generará un “sustancial perfeccionamiento” en el ejercicio profesional y además implicará “una valiosa mejora en tiempos y eficiencia del servicio de administración de Justicia”.
