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“La Justicia necesita una reforma muy profunda”

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El  presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Angel Atilio Bruno, criticó al Poder Judicial y advirtió que no está ajeno a la corrupción. Cuestionó el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura y opinó que el juicio a los miembros del Máximo Tribunal no prosperará

Desde octubre, el abogado argentino Ángel Atilio Bruno es el presidente de la Federación Interamericana de Abogados ( IABA/FIA), la entidad que representa a profesionales del derecho de 17 naciones, afiliados a 44 organizaciones.

Bruno encabeza además la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en Argentina.

De visita en la ciudad, invitado por el Colegio de Abogados de Córdoba, Bruno dialogó con Comercio y Justicia. Analizó la situación de la justicia argentina y trazó una panorama jurídico- político del país.

-¿Cuál es la situación de Argentina en materia de corrupción?

Como toda Latinoamérica, Argentina tiene una especie de lo que podemos denominar  corrupción cultural. Esto de ver cómo consigo el atajo más fácil, cómo hago para no cumplir las normas y conseguir un beneficio propio está enquistado, no sólo en los sectores del Gobierno sino en la sociedad misma. Para dar un ejemplo,  la corrupción en la obra pública siempre tiene dos caras de una misma moneda, un funcionario que pide el soborno y un empresario que va y lo paga.

Es un tema dificil, creo que va a llevar mucho tiempo en Argentina alcanzar una cultura de la transparencia, aunque también creo que en los últimos años han habido avances. Los organismos internacionales van obligando a los países a tomar ciertos recaudos y sancionar leyes, que si bien no terminan con la corrupción, ayudan a prevenirla.

-Pero además de la prevención tiene que haber una sanción. La tramitación de las causas por delitos de guante blanco demora décadas.

Sí, es un problema muy severo porque, entre otras cosas, el Poder Judicial no está ajeno a la corrupción, sino que es parte en muchos casos de esta corrupción.

Pero insisto que lo principal en la lucha contra la corrupción no es la sanción y la condena sino la prevención. Si bien hay que perseguirla y castigarla, lo importante es generar herramientas que impidan el acto corrupto. Por ejemplo, no puede suceder, como ocurrió años atrás, que un CEO de una empresa de una petrolera luego se transforme en ministro de Energía. Tiene que haber limitaciones porque en estos casos hay conflicto de intereses. En este sentido, trabajamos en un proyecto de una  nueva ley de ética pública que abunda en todas estas cosas.

-Hablando de prevención, se está discutiendo una reforma de la ley de lavado de activos. ¿Qué opina sobre los cambios que se quieren impulsar?

Esos cambios son promovidos por organismo internacionales, fundamentalmente por la OCDE, pero siempre hay que ser cuidadoso con esto. Hay algunas recomendaciones internacionales o exigencias que si bien se hacen para mejorar la transparencia, muchas veces son contraproducentes porque aplicada a la cultura de  un determinado país pueden convertirse en un estorbo. Esto pasó con la ley del arrepentido, en algunos países esto evidentemente dio muy buenos resultados, pero en Argentina se convirtió en un arma de persecución política. Esto, porque no se tomaron elementos fundamentales, como por ejemplo, que la negociación entre el fiscal y el arrepentido quedara grabada para que fuera indubitable la conversación entre uno y otro. Eso no existió y en la práctica los arrepentidos salían si decían lo que el fiscal quería.

En este caso puntual, las recomendaciones del lavado de activos son buenas. Que la Unidad de Información Financiera tenga autonomía funcional y autarquía financiera es fundamental y es lo que le está faltando, por ejemplo, en la Oficina Anticorrupción, que depende  de alguna manera del Ministerio de Justicia y además su titular es nombrado por el presidente sin acuerdo del Senado.  Esto lo transforma en un organismo débil.

Nosotros desde la comisión de seguimiento hemos impulsado la reforma  de esa ley para que la Oficina Anticorrupción sea algo parecido en su estructura a la Defensoría del Pueblo, que es un órgano totalmente autónomo, lo elige el Congreso de la Nación, el mandato de quien lo preside debe durar una detemrinada cantidad de años y no debe coincidir la renovación con los años electorales. Creo que la Unidad de Información Financiera va en ese camino y es beneficioso.

-Volviendo al funcionamiento de la Justicia, ¿Cómo observa hoy al Consejo de la Magistratura?

Yo fui un impulsor de la creación del Consejo de la Magistratura, creo que puede mejorar notablemente pero en los últimos años ha dejado muchísimo que desear. Si bien la ley anterior que fue declarada inconstitucional era mala porque rompía el equilibrio, me parece que la Corte Suprema se extralimitó en su resolución, porque no sólo declaró la inconstitucionalidad de la ley última, sino que repuso la original, que estaba derogada. Es decir, la Corte se arrogó facultades que no tiene, una ley que está derogada no puede volver a funcionar. 

El agravante fue que se  puso en vigencia una ley derogada que establecía que el presidente del Consejo de la Magistratura debía ser el presidente de la Corte, con lo cual se autodesignó. El resultado de esto es que el Consejo de la Magistratura está totalmente paralizado y hay una enorme cantidad de cargos sin poder cubrirse; algunos de ellos  muy importantes, como las vacantes en Casación Penal. Estamos muy mal, creo que la justicia necesita una reforma muy profunda.

-¿Qué opina sobre el juicio político que se está llevando adelante contra la Corte?

No tiene ninguna posibilidad de prosperar. El juicio político es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo, uno puede estar a favor o en contra. Sin embargo, me parece que se ha hecho  sólo para visibilizar un estado descomposición del Poder Judicial, buscando un debate  y poniendo en el tapete las irregularidades.

-¿Cree que hay voluntad politica para introducir una reforma profunda en el Poder Judicial?

Lo que hay es una enorme contradicción. El discurso del presidente de la Nación en la apertura del año parlamentario fue lapidario contra el Poder Judicial. Hubo un montón de proyectos y no pudo negociar ninguno, creo que en el fondo lo que no existió es voluntad política de llevar adelante ninguna reforma.

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