ESCUCHAREl especialista Alberto Binder advierte de la necesidad de refundar este poder del Estado mediante la implementación de cambios profundos. Criticó la escasa productividad del Poder Judicial y la sobreactuación de los jueces federales en materia de causas de corrupción, y se refirió a la necesidad de avanzar en una reforma del Consejo de la Magistratura que incluya cambios en el sistema de concursos
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Fiel a su estilo, Alberto Binder no ahorra críticas al Poder Judicial, tampoco esquiva los cuestionamientos a los funcionarios de turno y, mucho menos, a quienes fueron gobierno alguna vez. Asegura que el panorama en la Justicia es desesperante y que los magistrados no dimensionan cuáles son las necesidades que tiene hoy la sociedad. Mientras tanto, duda de los cambios que impulsa el Gobierno. Hasta aquí “son meros parches y puede salir un Frankestein”, subrayó.
Luego de disertar en una sala colmada de asistentes a la IX edición del Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal (CNULP), organizado por Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el especialista en derecho procesal penal dialogó con exclusividad con Comercio y Justicia.
– Se avecinan tiempos de cambios en el Poder Judicial. ¿Qué reflexión le merecen los cambios que se proyectan?
– Sobre la necesidad de una refundación de la Justicia federal tengo que decir que es una pelea histórica, hay que hacerla cuanto antes y de la manera más profunda posible. Con el Gobierno anterior no se pudo avanzar, salvo al final porque los vínculos que existían entre los servicios de inteligencia y la justicia penal eran tan grandes que no se podía hacer ningún tipo de reforma. Desgraciadamente, cuando este Gobierno asume hace lo mismo.
– ¿Qué opinión le merecen las últimas detenciones que tuvieron como protagonistas a funcionarios del anterior gobierno?
– Tenemos un grupo de jueces absolutamente degradados que están haciendo política. Piensan que van a aumentar su prestigio haciendo este acting obsceno. Esto no le hace bien a nadie, no le hace bien al Gobierno, no le hace bien a la lucha contra la corrupción porque después hay que ver qué quedan de estas causas, que muchas veces están pésimamente trabajadas en lo sustantivo. La Justicia federal ha llegado a un punto tremendo de ineficacia.
Por otra parte, no hay que perder de vista lo que pasa en Brasil, detrás de todo esto hay una maniobra de la clase empresarial que se va salvando y sabe que tiene que entregar al poder político. Esto en Brasil se ve claramente, vamos a ver cómo se avanza aquí con el caso Odebrecht.
– ¿Cómo percibe que avanza la reforma de lo que se denomina Justicia 2020 ?
– La reforma procesal penal la frenaron porque no querían darle poder a (Alejandra) Gils Carbó para que investigue. Tenían miedo de que procesara medio gabinete. Ahora que se fue la procuradora, el mismo ministro (Germán) Garavano dijo que volvía para adelante con la reforma. El resto de la agenda de Justicia 2020 va muy lento.
– Pero hubo sanciones de leyes, como las del arrepentido y de responsabilidad empresarial. ¿No han sido un avance?
– Están mal hechas, todo está hecho “truchamente” porque el sistema federal penal es trucho. Tenemos un juez con innumerable cantidad de empleados, después de 20 años estamos viendo si se condena a Menem. Se van haciendo parches y va a salir un Frankestein de todo esto.
– ¿Qué cambios debería contener una nueva ley del Ministerio Público?
– Básicamente hay que pasar al sistema acusatorio, a partir de ahí reformar el Ministerio Público. Con Gils Carbo hubo un ensañamiento relacionado con los avances que empezó a hacer en el Ministerio Público y con el hecho político de que los gobiernos quieren tener un procurador más afín. Por eso es tan importante que tengan plazos en sus mandatos. Pero el Ministerio Público tiene que modernizar su organización de un modo crucial, Córdoba está dando esta pelea y es determinante. Los modelos celulares, aislados, individuales no nos llevan a ninguna parte, ahí hay un eje muy importante.
-¿Por qué le cuesta tanto al Poder Judicial sumarse a estos cambios?
– Porque el Poder Judicial tiene un espíritu absolutamente conservador y burocrático en el peor sentido de la palabra. Los funcionarios y los jueces con sus sueldos viven en un microclima interno de autosatisfacción que tiene muy poco que ver con lo que la sociedad piensa de ellos. Se han convertido en un gueto autorreferente que no reacciona, atravesado por una lógica de tramitar. No se dan cuenta de la magnitud de los cambios y las exigencias que tiene la sociedad.
Es un situación bastante desesperante, lo peor es que van entrando nuevas generaciones de jóvenes que se pliegan a todo esto. Las escuelas de leyes en nuestro país son parte también del problema porque miembros del Poder Judicial copan las universidades, entonces las tribus judiciales tienen una pata en los estudios jurídicos, otra pata en la Justicia y otra en las universidades; es la misma gente circulando por diferentes espacios y con la misma lógica camandulera.
– Se viene la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Hacia dónde debería ir esa reforma?
– En primer lugar, el Consejo de la Magistratura tiene un mal diseño constitucional porque mezcló los problemas de administración con los problemas de nombramiento. Por otro lado, no puede ser que un concurso dure años, esto no es normal, pero demoran para tener jueces interinos, para tener vacantes, para que la dinámica interna de las tribus judiciales juegue su juego. Se necesitan reformas profundas que no tienen que ver sólo con el número de integrantes. Se habla de 14 de 18 ó 20; hay que reducirlo y no poner jueces o políticos que estén en ejercicio. Segundo, hay que cambiar el modelo de los exámenes porque si se pretende hacer un examen cada vez que se llama a concurso, con 100 personas no se termina nunca. La ley actual del Consejo permite los llamados anuales y la lista de candidatos, es un herramienta que tienen y no la usan. Y en tercer lugar, no puede ser que la entrevista tenga un peso tan desmedido porque distorsiona todo. Es otra cosa en la que hay que barajar y dar de nuevo.
– Otro cambio que planea el Gobierno y genera mucha resistencia es extender el horario de atención de los tribunales y la feria judicial. ¿Cómo lo ve?
– Ya a esta altura, si la feria o no la feria es una anécdota. El problema es la productividad, se lo mida por donde se lo mida, trabajan muy poco. No se entiende cómo, teniendo los mejores sueldos de la administración pública, que todo funcione de esta manera. Es un poder que está desmadrado.
– Sigue el debate el impuesto a las Ganancias, ¿cómo se sale de esa discusión?
– Son cosas muy odiosas, la exención es una vieja garantía que no se entiende por qué luego se extendió a los jubilados, a los fiscales, a los defensores, a los empleados. Es muy difícil razonar sobre algo que es ostentosamente una utilización tan obscena de los privilegios, del espíritu de gueto y de falta de ética cívica en el ejercicio de la función.
