ESCUCHARSe redujo el aporte público que recibirán las agrupaciones para financiar sus campañas electorales y en contrapartida se quintuplicaron los fondos que podrán aportar los privados.
Más financiamiento privado con menos control de los fondos que se utilizan en las campañas electorales fue el núcleo central de la reforma que aprobó ayer el oficialismo, en soledad, en la Legislatura Unicameral cordobesa, al cual se sumó el único apoyo del legislador del Frente Renovador, Rubén Borello.
Los cambios introducidos fueron tildados como una verdadera “contrarreforma política” que echa por tierra el espíritu de los cambios impulsados en 2008 por la Comisión Consultiva de Expertos que trabajó en la mentada reforma electoral.
Aunque el proyecto del delasotismo pretendía derogar el Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, finalmente a última hora y minutos antes del debate en el recinto, Unión por Córdoba (UPC) decidió continuar con este fondo, aunque afectando un porcentaje inferior de los recursos que se destinará a los partidos políticos.
Al fundamentar esta decisión, Carlos Gutiérrez subrayó que serán 15 millones de pesos el monto que recibirán los partidos para esta campaña electoral. “Es un cifra razonable la que recibirán los partidos políticos”, dijo, luego de expresar que la campaña deberá ser “austera”.
En contrapartida, el oficialismo aumentó el porcentaje de recursos que podrán destinar los privados para financiar las campañas electorales. Aunque no se liberaron los aportes privados -como se especulaba-, se aprobó que dichos aportes quintupliquen el porcentaje de dinero que proviene del financiamiento público.
Controles laxos
“La democracia en Córdoba retrocede como los cangrejos”, advirtió Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radicual (UCR) al oponerse a los cambios impulsados. “Estamos exigiendo que cumplan la ley y que no retrocedamos”, agregó.
En el mismo sentido, la legisladora del Frente Cívico (FC) Liliana Montero tildó de “escandalosa” la reforma aprobada ayer. Montero recordó que en las elecciones de 2011 se suspendió la constitución del Fondo Permanente y los controles de las auditorías que debía llevar adelante la Justicia electoral. “Aquéllo fue la antesala de lo que se aprobará hoy”, remarcó.
Montero no ahorró críticas al Poder Judicial: “En esto la Justicia es cómplice del poder político de la provincia, porque si le interesaba controlar (sus representantes) hubieran estado aquí y hubiesen dicho cuál es el sistema de control que iban a implementar; no están dispuestos a controlar nada”.
La eliminación de las auditorías que la Justicia tenía que hacer sobre el uso del espacio publicitario y los aportes privados a las campañas electorales fue otro de los núcleos centrales de los cuestionamientos de todos los bloques opositores.
A este aspecto, el legislador socialista Roberto Birri fue contundente: “Todos sabemos que las leyes sin control son de difícil aplicación; esta laxitud busca precisamente esto”.
Y agregó: “Esta segunda etapa de reforma electoral mostró su peor cara y retrocede 30 años”.
A su turno, el vecinalista Aurelio García Elorrio se preguntó cuánto dinero lleva gastado el gobernador José Manuel de la Sota en publicidad. “¿Cuánto sale un segundo de televisión en Tinelli? Resulta que ahora no tienen dinero y les dan a los partidos 15 millones de pesos y aumentan el financiamiento privado”, sostuvo.
“Esto es un legicidio, matan una ley, mataron la reforma electoral del 2008 sin desparpajos, así no se construye la democracia”, concluyó.
Cruces
El radical De Loredo y el delasotista Sergio Busso se trenzaron en el recinto sobre el final del debate. “Nos vemos ninguneados y avasallados por el oficialismo”, dijo De Loredo, quien amagó con retirarse del recinto. Busso le respondió desafiante que los opositores deberían renunciar al financiamiento privado si “tanto les molesta”. Y agregó: “Se oponen al financiamiento y luego usufructúan de él”.
