ESCUCHAREl fiscal federal Gerardo Pollicita apeló ayer la decisión del juez Luis Rodríguez que otorgó la prisión domiciliaria al sindicalista Omar “Caballo” Suárez.
Uno de los primeros puntos que refutó el fiscal de la causa por la que se detuvo al ex secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en septiembre de 2016, fueron los que refieren a su “delicado estado”: “Nada confirma que efectivamente tenga problemas de alcohol” indicó la apelación. Señaló que Suárez siempre recibió asistencia médica desde su detención y que debe seguir en el penal de Marcos Paz (Buenos Aires) donde se cuenta con los recursos para su control periódico. Además, ante el planteo de que varios informes médicos no se le realizaron, la fiscalía expresó que “tiene turno para enero”. También criticó las medidas de restricción, como los 100 kilómetros a la redonda que se le permiten con el uso de tobillera electrónica.
La determinación del juez Rodríguez -en carácter de subrogante de Rodolfo Canicoba Corral, quien se encuentra de licencia-, generó el rechazo inmediato de la fiscalía. El viernes a última hora, el magistrado hizo lugar al planteo de la defensa de Suárez y concedió el arresto domiciliario, estableciendo, a “efectos de asegurar su sujeción al proceso, la aplicación de un dispositivo de seguimiento electrónico sobre su persona, el cual quedará a cargo del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”.
“La prisión domiciliaria de Suárez, en las condiciones dispuestas por el juez, no resulta acorde a la normativa vigente en la materia e implica un riesgo de entorpecimiento para la investigación”, indicó Pollicita en su resolución.
Al oponerse a la medida adoptada, subrayó -como en las otras cuatro oportunidades cuando se rechazó el pedido de excarcelación- que no hay ningún examen médico que determine que su estado de detención “imposibilita que reciba el tratamiento adecuado”. Reitera que encontrándose alojado en el penal de Marcos Paz “puede recibir los tratamientos y controles médicos adecuados a sus patologías”. Y que éstas “no son terminales ni revisten gravedad”, tal como señaló el informe interdisciplinario de noviembre.
