La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió asilo en España.
Aportó documentos en los que asegura que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas del régimen de Nicolás Maduro.
Según Ortega Díaz, en marzo de 2017 manifestó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional porque el Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes, y que lo hizo luego de que fuesen asaltadas con fuerzas militares las instalaciones de la Fiscalía.
La mujer sostiene que Maduro tomó represalias contra ella y su familia, sometiéndola a persecución y amenazas contra su libertad y su integridad física y que por ello salió del país y se refugió en Colombia, donde le dieron protección internacional, otorgándole la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018.
Precisó que, paralelamente, adelantó gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) en las que sustentó con probatoriamente la violación sistemática de DDHH por parte del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano, presos políticos y ciudadanos.
Ortega Díaz señaló que ese trámite originó nuevos ataques y amenazas en su contra y que, por eso, y que decidió trasladarse a España y solicitar asilo.
Concretamente, argumenta que en Colombia sentía temor por su vida dado que ambos países comparten una amplia frontera que es permeable al libre tránsito. Además, indicó que el dispositivo de seguridad que era necesario en Colombia no le permitía sentir la libertad necesaria para desarrollarse en la vida cotidiana.
Añadió que España está más cerca de La Haya, lo que facilitaría el impulso de su denuncia ante la Corte Penal Internacional.
La antecesora del actual fiscal Tarek William Saab huyó hacia Colombia dos semanas después de haber sido destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista. Se desplazó a Bogotá tras llegar a Aruba en una lancha.