ESCUCHARAsí lo consideraron los especialistas Esteban Lancioni y María de los Ángeles Nallim, quienes explicaron que si el cambio propuesto por el gobernador Juan Schiaretti hubiese regido en 2015, habrían ingresado cuatro agrupaciones a la Unicameral, en lugar de cinco. Unánime rechazo de la oposición a la iniciativa de Unión por Córdoba.
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
Una agitada jornada de debate se espera hoy en la Legislatura Unicameral cuando el oficialismo se apreste a aprobar los proyectos de reforma de parte del Código Electoral de Córdoba, que regirá en los comicios provinciales de 2019.
Se trata de tres iniciativas que buscan avalar la denominada doble candidatura, un nuevo régimen de financiamiento para las campañas electorales y la derogación de la obligatoriedad del 1 de marzo como plazo máximo para la oficialización de la fecha de elecciones.
Unión por Córdoba (UpC) asegura que la doble candidatura existe en la Municipalidad de Córdoba y permitió mejorar, entre otras cosas, los niveles de representación. Subraya, en ese sentido, que se trata de una medida que favorecerá necesariamente a los partidos pequeños.
Para dilucidar la veracidad de esta premisa, Comercio y Justicia consultó a la abogada y docente de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UNC), María de los Ángeles Nallim, quien, junto con el abogado Esteban Lencioni, hicieron un trabajo para graficar cómo hubiese quedado el escenario electoral de haber regido la doble candidatura, impulsada hoy por el gobierno de Juan Schiaretti, en las últimas elecciones de 2015.
¿Hubiesen obtenido bancas en la Legislatura estos partidos pequeños de haberse permitido una doble candidatura?, se preguntaron los especialistas. La respuesta fue “no”.
“Si analizamos los números se observa que estos partidos obtuvieron una cantidad muy reducida de votos, lo cual no haría suponer en principio que de haber presentado candidatos a gobernador hubiesen llegado a los votos necesarios para ingresar en los cálculos del sistema proporcional”, concluyeron.
Haciendo un cálculo hipotético, Nalim y Lencioni precisaron que en los últimos comicios -con la doble candidatura-, UpC habría obtenido una banca más y el legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, no hubiera resultado electo. Es decir, hubiesen ingresado cuatro agrupaciones en la Legislatura en vez de cinco, disminuyendo la diversidad de voces en este órgano.
El segundo interrogante que se plantearon está vinculado con la idea de que la doble candidatura produciría un aumento del número de partidos a participar en la contienda electoral. Tal premisa también fue puesta en duda por los letrados.
Explicaron que “la cantidad votos necesarios para entrar en el cálculo del sistema proporcional puede incentivar a conformar alianzas más que a presentarse como partido individual”.
Recordaron que los votos necesarios para entrar en el “juego” del sistema proporcional fue de aproximadamente 34.000 en las últimas elecciones (2015), situación que se agravaría aún más si se coloca un “piso”; o en otras palabras, la exigencia de obtener una cantidad de votos mínimos para entrar en el cálculo del sistema proporcional.
Desacuerdo
La Unión Cívica Radical (UCR) ya manifestó su rechazo a la reforma electoral porque considera que está pensada para evitar el triunfo electoral de Cambiemos -frente que integra-. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores también adelantó el desacuerdo. Eduardo Salas, Ezequiel Peressini y Laura Vilches rechazarán los proyectos, al igual que García Elorrio.
Quien salió esta semana a cuestionar la iniciativa fue el diputado nacional y titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter: “Con la excusa del costo de la política Unión por Córdoba reformó la Constitución y eliminó la bicameralidad y las minorías en los departamentos. Ahora, impulsa candidaturas dobles y pagadas por el Estado. Parece que con tal de retener el poder la política ya no es tan costosa”, precisó.
Repudio
UCR, Frente Cívico, Propuesta Republicana y Coalición Cívica calificaron las
iniciativas legislativas como un “golpe institucional” y una “trampa electoral”.Financiar campañas
Se estipula un aporte del Estado de entre $90 millones y $100 millones, establecidos a partir de una suma equivalente a 3,5% del salario mínimo, vital y móvil multiplicada por cantidad de electores habilitados a votar.
