En el marco de la causa que se inició en Dolores, provincia de Buenos Aires, en la cual Mauricio Macri fue imputado por, presuntamente, espiar a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, el ex presidente designó formalmente a Pablo Lanusse como abogado defensor y el letrado apeló la prohibición de salida del país de su asistido.
Cabe recodar que el juez subrogante de Dolores Martín Bava citó a indagatoria al ex mandatario el próximo 20 de octubre. Macri está en el exterior y se especula que volverá al país el 19.
El defensor del ex presidente y los abogados de los ex jefes de la AFI involucrados en el caso (Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y un grupo de autoridades y funcionarios) estiman que la pesquisa debe tramitarse en Comodoro Py.
Por lo pronto, Bava -que subroga el juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla- investiga si desde el gobierno de Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas entre fines de 2017 y diciembre de 2018.
La denuncia la presentó la interventora de la aquella agencia, Cristina Caamaño.
A Macri se le imputan seis hechos; entre ellos, seguimientos e infiltraciones en marchas.
Según Bava, esas diligencias no tenían relación con la seguridad del ex presidente, sino que fueron tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública.