La Corte Penal Internacional (CPI) informó que no iniciará una examen preliminar de las demandas contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas que comenzaron en octubre de 2019 y se extendieron varios meses.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores chileno detalló que, después de evaluar los antecedentes del caso, la CPI descartó que existan antecedentes sobre situaciones que “puedan ser consideradas delitos sobre los que tenga jurisdicción”.
En su momento, varias organizaciones denunciaron a Piñera y a otras autoridades políticas y policiales, con apoyo de la fundación internacional que encabeza el ex juez español Bartasar Garzón.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, entre otros reclamos, y todo derivó en un estallido social.
El Gobierno de Piñera declaró el estado de emergencia y el toque de queda para aplacar las marchas, que persistieron a lo largo de semanas, y el accionar de las fuerzas de seguridad -en especial, de Carabineros- quedó en la mira por posibles excesos.