La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto una ley del estado de Nueva York que prohíbe portar armas de fuego en público sin “justa causa”.
El fallo se dictó con el voto a favor de los seis magistrados conservadores del tribunal, permeables a simpatizar con leyes blandas sobre armas, que relegaron el criterio de los tres progresistas.
La sentencia de la máxima instancia y fuente de jurisprudencia del país podría incidir en causas que se analizan en siete estados con leyes similares: California, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.
A fines de abril de 2021, la Corte admitió un recurso al que se adhirió la la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en Inglés), que buscaba que se permitiera la portación de armas ocultas en espacios públicos, con fines de defensa propia.
El planteo que resolvió el tribunal se enmarcó en un caso específico, en Nueva York, pero el decisorio da pautas para encauzar el complejo debate sobre el tema en el país, donde los tiroteos están a la orden del día.
La discusión se centra en la Segunda Enmienda de la Constitución de EEUU, que data del siglo XVIII y permite la tenencia de armas. Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y que hay más de 400 millones de armas en manos de ciudadanos.
La Corte se pronunció sobre una norma del estado de Nueva York que prohibía que los residentes portaran armas en público a menos que pudieran proporcionar una razón justificada para hacerlo y el sentido de su sentencia abre la posibilidad de cambios en la forma como se interpretan las leyes de armas en Estados Unidos.
El expediente “New York State Rifle & Pistol Association Inc versus Corlett” involucró la organización de derechos de armas de esa jurisdicción y a dos hombres, Robert Nash y Brendan Koch, quienes pidieron licencias para portar pistolas a la vista de todos con el fin de protegerse, según adujeron.
Ante la negativa que recibieron, se unieron a la demanda ya iniciada por la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York Inc., a la que, a su vez, se sumó la NRA.
Según la legislación estatal que quedó sin efecto, que data de 1913, la persona que quisiera portar un arma de fuego en público debía demostrar una necesidad especial o “causa justa”; por ejemplo, ser propietaria de un negocio en el que se manejan grandes sumas de dinero.
El tribunal concluyó que la denegación por parte del estado de las solicitudes de licencias de porte oculto para defensa propia violó la Segunda Enmienda.
“Debido a que el Estado de Nueva York emite licencias de porte público solo cuando el solicitante demuestra una necesidad especial de autodefensa, concluimos que el régimen de licencias del estado viola la Constitución”, escribió el juez Clarence Thomas.
“Las Enmiendas Segunda y Decimocuarta protegen el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”, añadió.
Cabe recordar que, ante la ola de tiroteos que no hizo más que agravarse, hace poco más de un año el presidente Joe Biden lanzó un paquete de medidas federales para hacer más difícil la posesión de armas de fuego.
Texas, una de las jurisdicciones que, junto a otra veintena de estados, se resiste al intento del demócrata de poner en marcha acciones de desarme civil, y en donde se produjo la última masacre – en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde-, respondió expandiendo los derechos de posesión de armas.
El gobernador republicano Greb Abbott afirmó que Texas se mantendría como un “bastión de la libertad” en el tema y firmó varias leyes que suavizaron requisitos. Una autoriza el “porte constitucional”: permite que personas de 21 años o más lleven armas cortas sin necesidad de contar con licencia. Entró en vigor en septiembre pasado. Otra legalizó que los huéspedes de hoteles guarden armas en sus habitaciones.
Uno de los principales obstáculos para el desarme civil en Estados Unidos es la oposición de quienes consideran que vulnera la Segunda Enmienda de la Constitución, redactada en 1791, después de la guerra de independencia.
El último fallo de la Corte estadounidense sobre portación de armas ocultas databa de 2008, cuando indicó que el derecho establecido por la Segunda Enmienda rige en cada hogar y que cada Estado puede regular.
Lo emitió en el caso “District of Columbia versus Heller”. Por primera vez, sostuvo que la Segunda Enmienda protege el derecho de un individuo a tener y portar armas en su casa para defenderse.
El decisorio llegó a horas de que el Senado de EEUU acordara un proyecto de ley bipartidista para restringir el acceso a las armas de fuego, como respuesta a los tiroteos masivos en Texas y Nueva York.
El presidente Biden declaró que está “profundamente decepcionado” con el fallo de la Corte y aseguró que “contradice tanto el sentido común”.
“Desde 1911, el Estado de Nueva York ha exigido a las personas que desean llevar un arma oculta en público que demuestren la necesidad de hacerlo con fines de autodefensa y que adquieran una licencia. Más de un siglo después, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha optado por anular la autoridad establecida desde hace tiempo por Nueva York para proteger a sus ciudadanos”, dijo el mandatario a través de un comunicado de prensa.
La sentencia -la primera de la máxima instancia en un caso importante de la Segunda Enmienda en una década- es una victoria para el lobby de las armas, cuya espada es la Asociación Nacional del Rifle.
“El fallo de hoy es una victoria decisiva para los buenos hombres y mujeres de todo Estados Unidos y es el resultado de una lucha de décadas que ha liderado la NRA”, afirmó el vicepresidente ejecutivo del grupo, Wayne LaPierre.
“El derecho a la legítima defensa y a defender a su familia y seres queridos no debe terminar en su hogar”, agregó.