La Corte anuló fallo que impugnaba topes de la ley de contrato laboral

El Máximo Tribunal del país sostuvo que la decisión de oficio del pronunciamiento concedió un punto que el propio accionante del pleito había resignado. [privado] La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejó sin efecto una sentencia que había decretado la inconstitucionalidad de oficio del tope de las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), al entender que el tribunal inferior concedió “algo que el propio interesado había resignado”. El Máximo estrado judicial del país sostuvo que, con su resolución, la Cámara Nacional del Trabajo incurrió en “un claro apartamiento de los términos en que había quedado trabada la litis”. En la causa “Mansilla c/ Fortbenton Co. Laboratories SA” la Cámara había entendido las razones que llevaron al legislador a establecer los topes en las indemnizaciones, destacando, entre otras razones, el hecho de que un alto monto indemnizatorio podría dejar “prácticamente exangüe las arcas del empleador”. Razonabilidad No obstante, ese tribunal consideró que “la razonabilidad del tope en el caso concreto sólo puede ser medida en relación con las circunstancias personales del trabajador, según las cuales la indemnización que le hubiera correspondido percibir de conformidad con su haber mensual, por 13 años de trabajo (...) alcanzaba la suma de $128.112,01; sin embargo, por aplicación del tope recibiría tan sólo $67.158”, por lo que sostuvo que “la diferencia de $60.954,01, que termina quedando en manos de la empresa, mal puede tener por objetivo poner en riesgo la seguridad empresarial”. El fallo motivó la presentación de la demandada ante el Alto Tribunal y se agravió por la declaración de oficio “de la inconstitucionalidad de una norma del Congreso cuando tal norma estaba avalada en su constitucionalidad por la propia parte actora”, lo que en definitiva vulneraba el principio de congruencia. Tal argumento fue aceptado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, quienes sostuvieron que en el fallo recurrido se ignoró “que la plataforma fáctica del debate reclamaba considerar que el actor, al demandar, propuso la aplicación de un tope determinado”. Reconocimiento expreso En tal sentido, la Corte subrayó que “el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control”. En consecuencia, los ministros interpretaron que las condiciones de la sentencia bajo análisis imponían “la descalificación del pronunciamiento impugnado como acto jurisdiccional válido, toda vez que la alzada ha venido a conceder algo que el propio interesado había resignado. Ha traspuesto, así, el campo de actuación que le es propio, sustituyéndose en la voluntad de una de las partes, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria”, razón por la cual se entendió que esa decisión incurrió en la causal de arbitrariedad que ameritaba dejar sin efecto la sentencia. [/privado]

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